Por: Eréndira Aquino | Animal Político
Más de 23.2 millones de mujeres se identifican como indígenas en México, condición que las vuelve vulnerables a las desigualdades económicas y falta de oportunidades para mejorar su vida. De acuerdo con un informe elaborado por la asociación Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), esto se debe a que históricamente han vivido el despojo de sus territorios y de los bienes naturales de sus comunidades, incluso por parte de instituciones, sin que cuenten con los recursos para denunciar y exigir justicia.
Estas problemáticas fueron documentadas en el informe “Identidades entrelazadas: las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional”, que señala que en las últimas décadas se han alcanzado cambios favorables para las mujeres en México y la región de América Latina y el Caribe, aunque “persisten retos; entre los más desafiantes se encuentran reducir las brechas de desigualdad y el acceso a los derechos”.
En el caso de las mujeres indígenas, el documento subraya que las principales problemáticas que declararon son la falta de empleo (17.8 %), falta de recursos económicos para comer o vestir (17.7 %), discriminación por su apariencia (13.4%), falta de apoyo del gobieno en programas sociales (11.8%) y falta de atención médica (12.8%), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) aplicada por el INEGI en 2022.
Aunado a estas condiciones, otras problemáticas que fueron mencionadas en la ENADIS 2022 por estas mujeres son la falta de oportunidades para seguir estudiando, la discriminación por hablar una lengua indígena y la falta de respeto a sus costumbres o tradiciones, que ocurren a la par de la folklorización de los pueblos como espectáculos o mercancías.
Aunque se ha reducido el número de personas que reportan estas problemáticas, en comparación con los porcentajes que tuvieron en la aplicación de la ENADIS en 2017, el reporte subraya que estas situaciones han colocado históricamente a las mujeres indígenas “en una condición de empobrecimiento, sin acceso a servicios ni al cumplimiento de nuestros derechos fundamentales”.
Despojo, migración forzada y violencia agravan violencia contra mujeres indígenas
El informe también apuntó que fenómenos como el despojo territorial y la migración forzada intensifican la violencia basada en género que enfrentan las mujeres indígenas, situaciones que ocurren “mediante estrategias que van desde el cambio del uso de suelo en tierras comunales a uso privado, la presión y corrupción de inmobiliarias, hasta la violencia armada explícita”.
Este desplazamiento forzado –que según estimaciones de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos afectó a más de 28 mil personas indígenas en 2021–, “rompe nuestras redes de apoyo y protección, dejándonos más expuestas a la violencia basada en género. Nos vemos obligadas a migrar de nuestros territorios debido al empobrecimiento y la marginación a la que hemos sido sometidas, por la dinámica de despojo y también por la dificultad de vivir entre conflictos armados y la violencia provocada por el crimen organizado”.
Y es que, destaca CDD, “nuestro país vive una guerra de ‘baja intensidad’ que, desde 2006 a la fecha, ha cobrado la vida de más de 300 mil personas, ha dejado decenas de miles de desaparecidos”, con una respuesta por parte del Estado centrada en la militarización de las calles, “lo que ha resultado en un incremento de la violencia“.
“Sabemos que en las guerras y conflictos armados, las mujeres siempre somos un grupo altamente vulnerabilizado, ya que aumenta la violencia sexual contra nosotras, los feminicidios por arma de fuego y las desapariciones. Para nuestros pueblos, que están organizados en la defensa del territorio, este escenario de militarización se vive como una guerra en nuestra contra”, enfatiza el documento.
Además, denuncian que en las comunidades se ha atestiguado expansión territorial y de poder político del crimen organizado, con el aumento en el consumo de sustancias que provoca problemas de salud y violencia contra las mujeres, así como una creciente participación en las mismas en redes del narcoráfico, “ya sea porque han sido incorporadas por sus parejas o porque están buscando alguna forma de escapar de la precarización histórica a la que hemos sido sometidas”.
La asociación CDD destacó que pese a estas problemáticas, las mujeres pertenecientes a comunidades o pueblos originarios no denuncian las injusticias y violencias en su contra debido a lo costoso que es emprender un proceso judicial, que no cuentan con acceso a información sobre cómo y dónde denunciar y hay desconfianza hacia las instituciones debido a la revictimización y al racismo estructural.
Al respecto, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), señaló que desde el gobierno se impulsan distintas acciones con el objetivo de atender estas violencias, y que hay un compromiso de trabajar para luchar porque las mujeres puedan incidir cada vez más en las comunidades, en aras de impulsar más propuestas que beneficien a sus pares.
Instituto de Pueblos Indígenas y acciones hacia mujeres indígenes en México
Luego de la publicación del informe, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) indicó que, pese a los retos que persisten en materia de violencia contra las mujeres, en México se ha avanzado en el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho con personal jurídica y patrimonio propio, a partir de la reforma al artículo 2 de la Constitución, aprobada en 2024.
Yanet Sofía Herrera, directora de Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas del INPI, comentó en entrevista que aunque aún falta la reglamentación secundaria, “esta reforma es el parteaguas para cobijar todos los derechos de las mujeres indígenas y afroamericanas, ya que antes se reconocía a estas poblaciones y comunidades como sujetos de interés, es decir, no tenían derecho a decidir como ahora que se les nombra sujetos de derecho”.
De acuerdo con la funcionaria, quien es una mujer indígena originaria de la región mixteca de Oaxaca, este reconocimiento “es todo un cambio a nivel nacional en términos de autonomía, porque ahora hay un compromiso de materializar cómo implementar esta reforma y a partir de eso que las comunidades reciban un presupuesto que, a través de sus asambleas, puedan definir en qué acción específica se va a ejecutar”.
También subrayó que con esto se busca fortalecer la participación de las mujeres indígenas en el ámbito de la política y que se garantice el acceso efectivo a derechos como la salud, la educación y a la propiedad con una perspectiva intercultural, lo que en suma con las acciones que la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado a favor de las mujeres en general, así como los programas Bienestar para Pueblos Indígenas y Educación de la Niñez ayudarán a mejorar sus condiciones.
Herrera Ambrosio añadió que desde el INPI se han apoyado 718 proyectos desde 2019, lo que implica apoyos directos, y habló sobre las más de 30 casas de la mujer indígena y afromexicana, que están en fase de consolidación, pero que atenderán diversas acciones como la prevención de violencia contra esta población, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, temas de tierra y territorio, entre otros.
“En las reuniones que se han tenido con nuestras hermanas mujeres indígenas y afroamericanas, el hecho de que al frente del país haya una mujer representa un respaldo, un cobijo, porque está colocando en la agenda pública temas y acciones que antes no se veían, y a partir de eso hay un gran reto para que las políticas públicas que se que se deben de implementar tengan perspectiva de género transversal, tomando en cuenta la interseccionalidad de las mujeres indígenas y afromexicanas“, planteó.
“Las diferentes voces que hemos escuchado y este informe de identidades entrelazadas son un inicio para poder construir y fortalecer las acciones que estamos haciendo, cada quien es sus competencias y ámbitos, desde las compañeras que hicieron este informe, hasta el INPI. Finalmente todo nos lleva a un mismo objetivo: que nuestras hermanas mujeres indígenas y afromexicanas tengan una vida libre de violencia y de discriminación“, afirmó.
Exigen visibilizar brechas que afectan a mujeres indígenas
Pese a que el informe reconoce el avance en las condiciones de las mujeres indígenas, CDD recomendó al Estado desarrollar políticas públicas para prevenir la violencia basada en género que enfrentan, con perspectiva intercultural y feminista; promover la representación positiva y realista de las mismas en medios de comunicación; crear un sistema de educación pluricultural; fomentar su participación activa en la toma de decisiones a nivel local y nacional, así como impulsar procesos para reconocerles la tenencia de la tierra como un derecho colectivo.
También pidió establecer mecanismos de diálogo con organizaciones de mujeres indígenas para monitorear y evaluar las políticas públicas; capacitar a servidores públicos en interculturalidad y género, principalmente en los sectores de salud, seguridad y justicia; garantizar servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y sin estereotipos de género; fortalecer mecanismos para denunciar discriminación y acatar las recomendaciones internacionales en la materia.
A la sociedad en general, recomendó la construcción de una convivencia libre de violencia y discriminación, donde se reconozcan las diversidades del movimiento amplio por los derechos de las mujeres, con diálogos libres de racismo; apoyo a las mujeres indígenas en la toma de decisiones políticas que afecten sus vidas y comunidades; y que las instituciones religiosas promuevan la igualdad y condenen los discursos y comportamientos racistas, sexistas y juicios morales que perpetúan la violencia y discriminación.
