A punto de cumplir dos meses en el poder, la administración Trump enfrenta una tormenta perfecta para cumplir su promesa de la más ambiciosa operación de deportaciones de la historia: una crisis crónica de falta de recursos para las agencias migratorias y una cadena de bloqueos en los tribunales de sus acciones ejecutivas, incluida la reciente invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Aunque la Casa Blanca y el Zar fronterizo, Tom Homan, presumen un aumento de las deportaciones en comparación con la administración Biden, así como una caída récord de más del 90 por ciento de las llegadas de migrantes en la frontera con México, las cifras de detenciones en el interior del país están por debajo de su meta de lograr entre mil 200 a mil 500 arrestos diarios.
“No estoy satisfecho. Hay más extranjeros delincuentes que necesitan ser arrestados, cientos de miles”, reconoció el zar fronterizo Tom Homan, cuyas continuas apariciones en entrevistas a medios informativos sugieren una estrategia de la administración Trump para visibilizar sus acciones migratorias, a pesar de la creciente frustración por los resultados insatisfactorios.
En promedio, las deportaciones de Trump han sido 37 mil al mes, muy por debajo del promedio de 57 mil al mes durante la era Biden.
Desde que asumió el poder el 20 de enero, Donald Trump llama personalmente a Homan todas las semanas con la misma pregunta: “¿Cómo van los arrestos?”
“Necesitamos incrementar los arrestos”, le responde Homan según confesó al New York Times. “No son suficientemente altos”.
“A pesar de su retórica agresiva, Trump no ha logrado deportar a la cantidad de inmigrantes que prometió”.
“Su plan ha chocado con la realidad del sistema migratorio: los mismos procesos judiciales, la falta de recursos en las cortes y la ineficiencia de las agencias de inmigración han hecho que la ejecución masiva de deportaciones sea mucho más difícil de lo que pensó”, dijo a MILENIO el abogado migratorio Rafael Borrás.
Entre los obstáculos estructurales que han complicado los sueños de Trumpde pasar a la historia como “el deportador en jefe”, un título que por ahora le corresponde a Barack Obama, se encuentra el problema de la insuficiencia de recursos para ICE, la agencia encargada de hacer cumplir las acciones migratorias en el interior del país.
“El ICE ya enfrentaba un grave déficit presupuestario al finalizar el mandato del presidente Biden. Un informe publicado la semana pasada situó la cifra en la asombrosa cifra de 2 mil millones de dólares”, reconoció la organización anti migratoria FAIR.
Pero este fin de semana el Congreso aprobó una ley de financiación anual (RC) para subvencionar al gobierno federal hasta el 30 de septiembre de 2025 que proporciona al menos 430 millones de dólares adicionales al ICE para camas en centros de detención migratoria, transporte y costos de deportación, y 136 millones de dólares adicionales al Departamento de Justicia para apoyar el aumento previsto en la detención de migrantes.
Su aprobación fue posible gracias a que el líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, apoyó con su voto el plan de Trump y de los republicanos, lo que provocó división en las filas demócratas.
Organizaciones de defensa de los migrantes coinciden en que la asignación de recursos no resolverá el problema migratorio.
“Nuestro sistema de inmigración necesita inversiones cruciales para abordar los millones de casos acumulados durante años para la revisión adecuada de las solicitudes legales de quienes buscan estatus en este país”, sostuvo Jeremy Robbins, director ejecutivo del Consejo Americano de Inmigración.
Pero los obstáculos trascienden el problema presupuestal. Este fin de semana el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, ordenó a la administración Trump suspender la deportación de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros e instruyó al gobierno a regresar al país a un grupo de 261 enviados a El Salvador.
Aunque Trump no acató la orden y entregó al grupo de venezolanos de la pandilla Tren de Aragua y a los salvadoreños de la banda MS-13 al gobierno del presidente Nayib Bukele, las cifras de deportados son marginales.
Otro problema que enfrenta Trump es la resistencia de las ciudades gobernadas por alcaldes demócratas a cooperar con ICE.
“Las ciudades santuario están poniendo obstáculos”, reconoció Homan.
Ante esa realidad, su administración enfocó sus baterías a promover la “auto deportación” a través de la aplicación móvil CBP HOME, pero el hecho de que no han divulgado cifras sugiere que tampoco han sido tan exitosos como esperaban.
Fuente: Milenio
