Los familiares y herederos de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA asesinado en 1985, demandaron en una corte civil de los Estados Unidos a varios antiguos líderes del Cártel de Sinaloa, entre ellos, al capo Rafael Caro Quintero, a los acusan de ser responsables de múltiples acciones legales, entre ellas, homicidio y terrorismo.
El documento de 40 páginas presentado ante la Corte del Distrito Sur de California, al que MILENIO tuvo acceso, detalla las conductas que serían atribuibles a los narcotraficantes mexicanos y su implicación en el asesinato del agente, y exigen a cambio una indemnización que podría ascender a decenas de millones de dólares.
Los potenciales beneficiarios de la reparación del daño, en caso de que el juicio civil sea ganado por los demandantes en tribunales, serían Geneva Mika Camarena, viuda del agente, junto con sus hijos Enrique Jr., Daniel y Erik, así como varios hermanos del agente. Todos ellos alegan haber sufrido daños psicológicos y emocionales severos debido al crimen y la impunidad que rodeó al caso por décadas.
Los demandados son Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y en general el Cártel de Sinaloa (y su antiguo brazo operativo conocido como Cártel de Guadalajara) en su carácter de organización internacional dedicada al tráfico de drogas y también en su carácter de organización terrorista foránea como recientemente fue designada por la administración del presidente Donald Trump.
Cabe señalar que este proceso, de naturaleza civil, es distinto al proceso de carácter criminal y penal iniciado en contra de Caro Quintero en la Corte del Distrito Este de Nueva York por múltiples delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, y conspirar para cometer homicidios. Cargos por los cuales Caro Quintero podría ser condenado incluso a pena de muerte.
Homicidio, pruebas y demandas
A través de su equipo de abogados, los demandantes explican el contexto del asesinato del agente Camarena. Primero, este fue secuestrado en Guadalajara, Jalisco, el 7 de febrero de 1985, frente al Consulado de Estados Unidos.
De acuerdo con el documento, el oficial de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) fue trasladado a una propiedad de Rafael Caro Quintero, donde fue brutalmente torturado por más de 30 horas antes de ser asesinado. Su cuerpo fue hallado semanas después en una fosa clandestina con signos de violencia extrema.
Las pruebas presentadas por los demandantes, según lo resumido en el escrito, comprenden testimonios, grabaciones y peritajes forenses que confirman la participación de los demandados en la planeación y ejecución del crimen.
Todo lo anterior, se razona en el escrito, hace a los demandados directamente responsables de arteras violaciones legales entre ellas asalto y agresión; homicidio premeditado; y violaciones a la Ley Antiterrorista de los Estados Unidos.
“La conducta de los demandados parece haber sido, y de hecho fue, con la intención de intimidar o coaccionar a la población civil y/o influir en la política de los gobiernos de Estados Unidos y México mediante la intimidación, y/o afectar la conducta de los gobiernos de Estados Unidos y México mediante el secuestro y asesinato del Agente Especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en Guadalajara, México.
“Este atroz crimen y el uso de tal brutalidad tenían la intención de promover la continuidad de la empresa criminal y la actividad terrorista del Cártel de Guadalajara”, se señala en el escrito de demanda.
El millonario castigo
Con independencia de los castigos en las cortes penales donde los narcotraficantes fueron procesados, los familiares de Camarena reclaman en su escrito la imposición de castigos y sanciones punitivas de gran envergadura, que además de tratar de reparar una parte del daño causado, también resulten ejemplares por el agravio social cometido.
Se reclama, por ejemplo, una compensación económica por daños emocionales, físicos y psicológicos sufridos debido a la muerte de Camarena; sanciones y multas para aquellos que resulten directamente responsables; además de la cobertura completa de los costos legales y honorarios de abogados,
Cabe señalar que dos de los demandados, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, se encuentran presos en México donde cumplen diversas sentencias federales; mientras que, como ya se dijo, Caro Quintero permanece bajo proceso en Nueva York tras haber sido expulsado por México el 28 de febrero.
Fuente: Milenio
