Niegan protección a 40% de periodistas y activistas; atienden a 640 de mil 139

Ahora las medidas incluyen un dispositivo con botón de pánico, cuyo tiempo de respuesta es tardío y le proporcionaron números telefónicos de elementos de seguridad. No es escoltada, no tiene patrullaje policial, un vehículo blindado o chalecos antibalas, ni en las búsquedas en campo para encontrar a su hijo desaparecido en noviembre de 2012, ni en su vida diaria.

“Lo único que logré fue que en lugar de febrero me recorrieran hasta julio para que mi nieto terminara su ciclo escolar. Hoy por hoy estoy con la misma situación de riesgo, estoy más tiempo encerrada en mi casa, no tengo cámaras. Pusieron unas puertas de seguridad y una tela ciclónica con alambre de púas arriba, estoy como en una cárcel, en una cárcel”, dijo.

La activista no comprende por qué algunas personas sí cuentan con escoltas, cuando madres buscadoras como ella no tienen esta protección.

Les ha reiterado el nivel de riesgo que implica buscar a sus hijos: “No sé qué es lo que ellos esperan. Yo creo que realmente nos maten o tengamos una situación donde no podamos tener hacia dónde… no lo sé. He sido bien tolerante con ellos, bien tolerante”, agregó enojada.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por este medio, el mecanismo protege a 330 personas defensoras de derechos humanos, cuya labor se enfoca en la búsqueda de personas desaparecidas, en 134 expedientes. De las cuales, 249 son personas buscadoras (48 hombres y 201 mujeres) y 81 son familiares de personas desaparecidas (40 hombres y 41 mujeres).

Sobre las agresiones que viven, el mecanismo también refirió que 95 han sido amenazadas; 31 han sido seguidas y vigiladas; a ocho le han asesinado a familiares; sujetos han allanado los domicilios de ocho buscadoras; seis han recibido daños a sus hogares; cinco fueron víctimas de extorsión; cuatro han sido privadas de su libertad y otras más han sido víctimas de robo, detenciones y hasta han desaparecido a algún familiar.

“Hace 20 días tuve una situación de riesgo. Estábamos en un operativo de búsqueda de una niña de 15 años. Y fuimos a pegar volantes a la central de autobuses. Un sujeto se me pegó a un lado y me dijo: ‘No hagas ningún movimiento. Camina hacia donde yo te diga’. Activé el dispositivo, fingí como si me estuviera contestando y el tipo se me despegó. La Guardia estatal llegó después de 15 minutos”, contó.

Periodistas, con apoyo mínimo

Para periodistas, comunicadores y reporteros la situación es bastante similar. Debido a su profesión solicitan el mecanismo y esperan sentirse protegidos, pero la realidad es otra. De hecho, en 2024 México concentró más de 30% de los casos de periodistas desaparecidos a nivel mundial y ocupó el tercer lugar de países más peligrosos, sólo por detrás de Palestina y Paquistán, zonas en conflicto armado, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En un informe de 2024, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional instaron a México a fortalecer sus protecciones federales a los periodistas, que, según afirmó, son “profundamente defectuosas” y a menudo “niegan, debilitan o retiran las medidas de protección de los periodistas, a pesar de los peligros claros y presentes que siguen afrontando”. A pesar de esto, cinco periodistas fueron asesinados el año pasado.

“Hay muchos periodistas aquí que han sido asesinados que han tenido protección. El mecanismo cree que un botón de pánico, que a veces funciona y a veces no, va a salvar nuestra vida. Para lo único que sirven estos botones de pánico es para que al menos sepan dónde están nuestros cuerpos el día que nos pase algo”, explicó el periodista Carlos Arrieta.

Desde hace ocho años el periodista está bajo el mecanismo porque fue víctima de amenazas y hostigamiento de políticos involucrados con el crimen organizado en Michoacán y Guanajuato. Colegas le han pedido asesoría para solicitar protección, pero han rechazado a la mayoría.

“Dependen de la Munta de Gobierno del Mecanismo, que encabeza la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con lo que ellos consideran la peligrosidad o el riesgo que hay en un beneficiario, en este caso en un periodista. No depende ni siquiera de las actuaciones de la gestión de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la del Estado”, subrayó en entrevista con EL UNIVERSAL.

En una de las visitas que el mecanismo realizó al reportero, uno de los evaluadores quiso extorsionarlo para brindarle más medidas de seguridad. Como Arrieta se negó y lo denunció con sus superiores, le retiraron las medidas varias veces porque consideraron que no existía riesgo suficiente. Así, sólo contaba con el botón de pánico, recorridos aleatorios y cámaras en su domicilio.

Tras meses de alzar la voz, le regresaron los escoltas de manera limitada, incluso tiene que pagar la gasolina y las comidas para que los elementos de seguridad puedan hacer su trabajo. Muchas veces los carros que destinan están descompuestos y los escoltas no van armados.

“Determinaron que nada más iba yo a tener protección y le quitaron la protección a mi familia. Para ellos fue fácil decir que lo más recomendable era la extracción. Es decir, que me llevaban a otro estado o a otro país en donde me iban a tener una casa y alimentación. Yo me iba a quedar sin trabajo prácticamente, porque era estar encerrado durante el tiempo que ellos determinaran, la propuesta era inicialmente de dos años”, recordó.

Actualmente, el periodista considera que lo único que lo protege es su fe en Dios, ya que si sale a una cobertura tiene que solicitar escoltas con días de anticipación, si hay disponibilidad y disposición, lo acompañan. Manifestó que en años anteriores el mecanismo respondía pronto y desde 2020 la atención es tardía. En juntas, el reportero ha denunciado que políticos y personas con poder reciben protección con más beneficios y sólo le contestan que no debe meterse en esos casos.

Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, destacó que desde la creación de este mecanismo hasta la fecha, la organización ha identificado fallas y áreas de oportunidad.

Recordó el caso del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado en Oaxaca en 2021, sólo 15 días después de recibir la protección del Mecanismo de Protección.

“Fue asesinado después de dos tentativas de asesinato. Hubo una serie de solicitudes por organizaciones para que le brindaran protección, tardaron muchísimo en incorporarlo. Lo asesinan prácticamente 15 días después de haber recibido la notificación de cuáles iban a ser los medios de protección. Claramente fue un problema de burocratización y de no considerar vínculos con la labor periodística”, lamentó.

Apuntó que hay diferencias en el trato a periodistas de la Ciudad de México y de medios locales o radios comunitarias, lo que dificulta los procesos de incorporación al Mecanismo. Además de que en muchas ocasiones no incorporan a personas defensoras debido a sus definiciones limitadas.

“El gobierno federal y los gobiernos estatales tienen esta visión de que no les corresponde apoyar a la prensa, tratar a las víctimas. No hay una visión preventiva, no hay una visión de trabajo y hay una visión prácticamente reactiva. El mecanismo provee una atención de seguridad dentro de sus posibilidades, pero por ejemplo, los delitos no se investigan, las fiscalías no están haciendo su labor para procurar justicia e investigar las situaciones que están ocurriendo. Tampoco hay una política pública integral”, dijo el especialista.

Cárdenas agregó que México vive en una situación continua de violencia y no hay una reacción ni la búsqueda de un plan integral de protección a personas defensoras y periodistas por parte de autoridades federales y consideró que el mecanismo no debe ser la única instancia para proteger a estas poblaciones.

Fuente: El Universal