La época de caza migrantes, que fue durante dos décadas en la política de Arizona, con el polémico sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, regresará con la nueva ley 314 que faculta a la policía a detener a personas sospechosas de haber cruzado irregularmente.
En esta frontera, atravesada por el desierto, habrá mayores restricciones, pues en lo que va del año se ha registrado una marcada disminución en los cruces irregulares de migrantes entre los puertos de entrada de Arizona.
De acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza, en diciembre de 2023, hubo un pico de casi 250 mil encuentros en la frontera entre Estados Unidos y México, incluidas casi 102 mil familias y 12 mil menores no acompañados, cifra que en los últimos meses ha mostrado una reducción del 55 por ciento.
El 62 por ciento de los votantes en Arizona avaló en urnas, permitir que la policía local arreste a los migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular, sin documentos, al estado desde México.
Se trata de una medida ya conocida en el estado, pero que invade facultades exclusivas del gobierno federal sobre la aplicación de la ley migratoria.
Aunque no entrará en vigor inmediatamente, la mayoría obtenida por el partido republicano en el Senado, la Cámara de Representantes y hasta el control en la Corte Suprema, podría acelerar su implementación.
La medida ha sido impulsada por legisladores republicanos en estados como Texas, Iowa y Oklahoma, pero frenada por los tribunales, lo que ahora podría tener un destino diferente frente a la nueva mayoría obtenida tras las elecciones del martes 5 de noviembre.
Aunque las detenciones en la frontera se han reducido en las semanas previas a las elecciones, con unas 2 mil 400 a la semana, organizaciones sociales reportan altas cifras de deportaciones desde Arizona hacia Nogales en México, lo que creen, aumentará con el triunfo de Donald Trump.
Al respecto, el Foro Nacional de Migración destacó que la proposición 314 ampliará considerablemente el papel de las autoridades estatales y locales en la aplicación de las leyes de inmigración.
La medida tipificaría como delitos penales a nivel estatal ciertas acciones de personas que no son ciudadanas, aumentaría las sanciones relacionadas con la venta de fentanilo ilícito y ampliaría las responsabilidades de las agencias estatales en la verificación del estatus migratorio.
Igualmente, la legisladora hispana por Phoenix, Lydia Hernández consideró que esta proposición avalada por los votantes es preocupante por las posibles repercusiones de esta ley en la comunidad latina y el estado de Arizona en general.
Asimismo, señaló que no solo abre la puerta al perfil racial y la discriminación, sino que también perjudica la economía y la reputación del estado porque incluso se corre el riesgo de que empleados sean denunciados por sus patrones para evitar pagarles por su trabajo.
¿Qué dice la ley 314?
La ley 314 convierte en delito estatal que personas no ciudadanas entren a Arizona por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada oficial.
Además, otorga a los tribunales estatales la autoridad de emitir órdenes de deportación, al transferir la aplicación de la ley federal de inmigración a las autoridades estatales.
Asimismo, clasifica la venta de fentanilo ilícito importado como un delito grave de clase dos con penas aumentadas en cinco años, cuando una persona vende a sabiendas fentanilo ilícito y esto resulta en la muerte de otra persona.
En materia laboral exige que los empleadores y las agencias públicas utilicen el sistema E-Verify para verificar la elegibilidad para los beneficios públicos y el empleo, donde penaliza el uso de documentos falsos para solicitar beneficios públicos.
Además, protege a la policía de demandas civiles, incluidas las denuncias por discriminación racial.
Esta proposición avalada en las urnas, es similar a la controversial SB 1070, promulgada en 2010, misma que desencadenó protestas nacionales y fue en su mayor parte anulada por la Corte Suprema, debido a que dotaba de facultades exclusivas de la autoridad federal a la policía local.
En esta ocasión, la ley se implementará con el republicano Donald Trump en la Presidencia y una mayoría legislativa que avala el endurecimiento de medidas contra los migrantes.
