En preparación para el retorno de Donald Trump y su equipo antimigrante a la Casa Blanca, defensores de derechos humanos y de inmigrantes advierten del peligro de que algunas de las medidas más crueles podrían implementarse una vez más incluyendo la separación forzada de niños de familias inmigrantes -algo calificado como un tipo de tortura por Human Rights Watch– y de detenciones en lugares antes considerados como refugios, entre ellos iglesias, hospitales y escuelas.
Un informe de Human Rights Watch, el Texas Civil Rights Project y de la Lowenstein International Human Rights Clinic de la Universidad de Yale, documenta cómo la política de “tolerancia cero” durante la primera presidencia de Trump separó a más de 4 mil 600 niños de sus padres, y que seis años después, mil 360 de estos menores de edad no han logrado reencontrarse con sus familias y de hecho siguen en un paradero desconocido.
Para estos expertos, al implementar esa política, en muchos casos las autoridades rehusaban revelar a los padres el paradero de sus hijos, lo cual constituye el delito bajo la ley internacional de desaparición forzada y, aún más, con el dolor y consecuencias sicológicas, esa práctica puede haber constituido tortura. “Las separaciones forzadas de familias podría haber resultado en tortura, definida como infligir intencionalmente dolor o sufrimiento severo para un propósito inapropiado por un agente de un estado”, señala el informe.
Los autores del informe señalan que estos delitos, resultado de una política intencional, siguen impunes sin justicia alguna para las víctimas. “La crueldad de la administración Trump con los niños fue deliberada. Estaban castigando a los niños para enviar un mensaje a los padres: no vengan a Estados Unidos, no soliciten asilo en Estados Unidos… o de lo contrario secuestraremos a sus hijos y abusaremos de ellos”, resume Human Rights Watch. Todo esto, agrega, “exige una rendición de cuentas pública, una disculpa, compensaciones y posibles acciones penales”.
Con el informe de 131 páginas, indicaron, desean presentar un reporte exhaustivo de lo que ocurrió y señalar que “nadie ha rendido cuentas” por los daños intencionales contra las familias. “Es escalofriante ver, en documento tras documento, la crueldad calculada que se impulsó por la política de separación forzada de familias”, comentó Michael Garcia Bochenek, abogado de Human Rights Watch y uno de los autores del informe, a Border Report.
El informe tiene la intención de alertar a políticos y funcionarios, como al público, de posibles medidas que podrán ser implementadas contra migrantes en el segundo periodo de un gobierno de Trump.
De hecho, dos de los arquitectos de la llamada política de ”tolerancia cero” que incluyó la separación de familias en 2017 a 2021 (la medida de separación fue suspendida por orden judicial en 2018 pero continuó de todas maneras) ya fueron nombrados por Trump para regresar con él a la Casa Blanca. Stephen Miller, quien formuló esa medida, será el subjefe del gabinete de Trump, mientras que Tom Homan, quien implementó esa medida, ha sido designado como el próximo “zar fronterizo” de Trump encargado de deportaciones masivas.
Mientras tanto, se ha documentado que el gobierno de Joe Biden, a una escala mucho menor y con otras justificaciones, ha separado a niños de sus familias inmigrantes. Solo este año las autoridades migratorias de este gobierno han separado a unos 300 niños de sus familias o guardianes, reportó ProPublica. En 2023, según un informe oficial del Congreso, 298 niños fueron separados de sus familias. Funcionarios entrevistados por ProPublica insistieron en que las separaciones bajo este gobierno no se parecen a las del gobierno de Trump, ni en carácter o escala. Subrayaron que estas separaciones se han realizado solo por preocupaciones sobre la seguridad de los menores de edad, o por razones de seguridad nacional.
Por otro lado, el nuevo gobierno de Trump tiene la intención de descartar de inmediato la política que prohíbe a las autoridades migratorias federales detener a personas indocumentadas en llamadas “áreas protegidas” como escuelas, iglesias y hospitales, reportó NBC News.
Esa política ha estado vigente desde 2011 para permitir que inmigrantes indocumentados puedan acceder a servicios esenciales para ellos y sus familias sin temor a ser arrestados. Además, se argumentaba que era para el bien de las comunidades -tanto por razones de salud, bienestar de niños y más- que personas indocumentadas no acudieran a estas instituciones. Pero ahora, según fuentes del equipo de transición de Trump, esta política humanitaria será sacrificada como parte de la promesa de Trump de realizar “la operación de deportación más grande de la historia estadunidense”. Más aún, sería un golpe contra los promotores de “santuarios” para inmigrantes.
Todo esto a una semana de la Navidad que celebra el nacimiento de un niño hijo de refugiados en un santuario en Palestina.
Fuente: La Jornada
