Por: Argenis Esquipulas
El día de ayer lunes 9 de diciembre, en un acto solemne y cargado de emotividad, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, presidió una misa en la colonia El Refugio para recordar a las víctimas de uno de los accidentes más trágicos en la historia migratoria de México: el vuelco de un tráiler que transportaba a más de 160 migrantes el 9 de diciembre de 2021 en Chiapa de Corzo, que dejó un saldo de 57 fallecidos y decenas de heridos.
La ceremonia se llevó a cabo en el mismo punto del accidente, un lugar que ha quedado marcado como símbolo del dolor y la lucha por la justicia. Durante la eucaristía, los asistentes portaron cruces con los nombres de las víctimas, y el obispo hizo un llamado contundente a reflexionar sobre las raíces del tráfico de personas y la indiferencia social ante el sufrimiento de los migrantes.
“Siguen existiendo quienes lucran con la desesperación de las personas. No podemos actuar con indiferencia”, enfatizó Aguilar Martínez en su homilía. También instó a los fieles a adoptar el ejemplo de la Virgen María como intercesora y modelo de esperanza en medio de la violencia y el egoísmo que aquejan al mundo.
El espacio donde ocurrió la tragedia ha sido transformado en un sitio de memoria, con un mural que rinde homenaje a los migrantes que perdieron la vida en busca de un futuro mejor. Para los habitantes de la colonia El Refugio, muchos de los cuales fueron testigos y auxiliaron a los heridos, la fecha no solo es un recordatorio de la tragedia, sino también un llamado a la solidaridad y a la defensa de los derechos humanos.
La conmemoración también sirvió como plataforma para visibilizar los riesgos que enfrentan miles de migrantes que cruzan México en su intento por llegar a Estados Unidos, expuestos a condiciones inhumanas y al abuso de redes de tráfico de personas que operan con total impunidad.
Desarticulación de ‘Los Quinos’: un golpe al tráfico de personas
Coincidiendo con el aniversario, autoridades de Guatemala y Estados Unidos anunciaron la desarticulación de la célula criminal conocida como Los Quinos, responsable de coordinar el traslado de migrantes que derivó en la tragedia de Chiapas. Este grupo operaba en Guatemala, facilitando el tráfico de personas hacia México y Estados Unidos a cambio de altas sumas de dinero, que oscilaban entre 8,000 y 15,000 dólares por persona.
La operación, denominada “Relámpago”, incluyó 15 allanamientos en los departamentos guatemaltecos de Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz. Como resultado, seis personas fueron detenidas, cuatro de las cuales enfrentan órdenes de extradición hacia Estados Unidos. Entre los detenidos destacan Tomás “Q”, identificado como líder del grupo, y Josefa “Q”, una de las operadoras clave.
Según las autoridades, Los Quinos lucraban con la desesperación de las personas migrantes, obligándolas a viajar hacinadas en condiciones peligrosas. El accidente en Chiapas evidenció estas prácticas brutales, pues el tráiler modificado carecía de ventilación y medidas de seguridad básicas.
Aunque la desarticulación de Los Quinos representa un avance en la lucha contra el tráfico de personas, las familias de las víctimas aún enfrentan un largo camino en busca de justicia. A tres años del accidente, muchos cuerpos no han sido identificados, y los sobrevivientes han recibido escaso apoyo por parte de las autoridades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe señalando la complicidad y negligencia de funcionarios que permitieron el tránsito del tráiler sin revisión alguna, violando la Ley de Migración. Estas fallas sistemáticas, indicaron, reflejan un patrón de corrupción que perpetúa la vulnerabilidad de los migrantes.
En julio de 2023, el conductor del tráiler, José Luis “C”, fue vinculado a proceso junto a otros dos cómplices, enfrentando cargos por homicidio culposo y tráfico de personas. Sin embargo, altos mandos de la red criminal aún no han sido llevados ante la justicia, dejando dudas sobre la efectividad de los operativos.
El caso de Chiapa de Corzo es solo una muestra de la crisis migratoria que se vive en la región. La frontera sur de México sigue siendo un corredor clave para el tráfico de personas, operado por redes criminales que lucran con la necesidad de quienes huyen de la pobreza, violencia y falta de oportunidades en sus países de origen.
Organizaciones de derechos humanos han insistido en la urgencia de abordar las causas estructurales de la migración forzada y de garantizar rutas seguras para quienes buscan un futuro mejor. Asimismo, han exigido justicia para las víctimas y mayor coordinación entre los gobiernos de la región para combatir el tráfico de personas.
Mientras tanto, el recuerdo de las 57 víctimas de Chiapas sigue siendo un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan los migrantes y de la deuda pendiente que las autoridades tienen con ellos y sus familias.
