Por: Argenis Esquipulas
La desaparición forzada de personas continúa azotando al estado de Chiapas, con dos casos recientes que han puesto en evidencia la inseguridad en esta región del sureste mexicano. Ambos hechos, ocurridos en menos de una semana, han conmocionado a la población y reflejan la creciente crisis de violencia que afecta a este estado fronterizo.
El sábado pasado, una familia de seis integrantes desapareció mientras viajaba en una camioneta por la carretera La Angostura, ubicada en el centro de Chiapas. Según reportes preliminares, el vehículo en el que se desplazaban fue interceptado por varias camionetas conducidas por hombres armados, quienes obligaron a los ocupantes a abandonar su unidad y los trasladaron por la fuerza en otros automóviles.
La camioneta fue localizada horas después, abandonada, pero no había rastro de las víctimas. Los desaparecidos incluyen a cuatro mujeres, un hombre y un menor de 12 años, cuyas identidades aún no han sido reveladas.
Testigos del hecho informaron que los perpetradores actuaron con total impunidad, lo que refuerza las denuncias sobre la falta de vigilancia y patrullajes en las carreteras de la región. Las autoridades, por su parte, han iniciado una investigación y emitido los reportes de búsqueda correspondientes, aunque los avances en el caso han sido escasos hasta el momento.
Un día después, el domingo pasado, otro grupo de personas fue reportado como desaparecido en el municipio de Emiliano Zapata, específicamente en la comunidad 20 de Noviembre. Las víctimas, siete personas en total, viajaban en una combi del transporte público con dirección a San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez para realizar compras.
Entre los desaparecidos se encuentran Magdalena “N”, de 41 años; Rosario “N”, de 39 años; Luis “N”, de 45 años; y Emanuel “N”, de 12 años, quienes forman parte de una misma familia. La denuncia fue presentada por la hija mayor de Rosario y Luis, quien también reportó la desaparición de otras tres personas cuya identidad no ha sido confirmada pero que viajaban en el mismo vehículo.
Versiones preliminares señalan que, a pocos kilómetros de iniciar su trayecto, un grupo de hombres armados bloqueó el paso de la combi y obligó a sus ocupantes a descender. Posteriormente, los agresores se llevaron a las víctimas en sus vehículos, dejando la combi abandonada en el lugar.
La última comunicación con las víctimas ocurrió la tarde del 23 de noviembre, según los familiares, quienes aseguran que la desaparición ocurrió en un tramo carretero conocido por la falta de vigilancia.
Estos dos incidentes no son hechos aislados. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, en Chiapas se han reportado 1,387 casos de personas desaparecidas y no localizadas, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 118,989.
Organizaciones civiles han alertado sobre el incremento de desapariciones forzadas en el estado, particularmente en zonas rurales y carreteras. La falta de una estrategia de seguridad efectiva ha generado un ambiente de impunidad que facilita la operación de grupos delictivos.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que se han abierto carpetas de investigación en ambos casos bajo el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares. Además, aseguró que se implementarán los protocolos de búsqueda y se llevarán a cabo las diligencias correspondientes.
Sin embargo, familiares de las víctimas han expresado su desesperación y desconfianza en las autoridades, señalando la falta de avances significativos y de atención inmediata a las denuncias. La incertidumbre y el dolor se agravan con cada día que pasa sin noticias de sus seres queridos.
Estos casos reflejan una problemática cada vez más evidente en Chiapas: la inseguridad en las carreteras y la vulnerabilidad de sus habitantes ante el accionar de grupos armados. Las desapariciones no solo afectan a las familias de las víctimas, sino que también siembran miedo y desconfianza en la población, que ve cómo el estado se convierte en un territorio cada vez más inseguro.
Mientras las familias esperan respuestas y justicia, los recientes hechos dejan en evidencia la urgencia de acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y frenar esta ola de desapariciones que sigue cobrando víctimas en el estado.
