Hermosillo, Sonora.- Gabriela Félix, a nombre de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, se posicionó en contra de eliminar los párrafos séptimo y octavo del artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los cuales señalaban que las minutas constitucionales debían pasar por la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales antes de votarse en Pleno.
El no permitir el trabajo previo en comisiones, consideró, imposibilita a la ciudadanía de conocer del tema previamente, ya que funge como un filtro antes de someterse a votación en Pleno.
Además de ser una formalidad procedimental esencial e indispensable para el trámite a votación, derogar los párrafos séptimo y octavo del artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo representa un retroceso en materia de socialización parlamentaria.
“El procedimiento legislativo está pensado para hacerse con mesura y cautela; no repliquemos las prácticas del Congreso de la Unión, donde en fechas recientes han estado aprobando reformas sin leerlas, con errores que van desde los gramaticales, hasta aquellos que contradicen a la propia constitución misma. El omitir el trámite de comisión de una minuta de reforma constitucional incumple con las formalidades y requisitos que mandata el proceso legislativo”, señaló Gabriela Félix.
La iniciativa que deroga esos párrafos al considerarse como de urgente u obvia resolución, incumplió con el principio de participación ciudadana y rendición de cuentas previstas en el artículo 11 Bis 3, inciso B), fracción primera, donde se señala que se debe socializar por medio de Parlamento Abierto.
Para concluir, la diputada cuestionó: “¿En qué momento se pensó que es más importante mover las reglas para disfrazar albazos legislativos, para convertirnos en una oficialía de partes, con el objetivo de quedar bien con el poder y no con la ciudadanía? No está bien en lo que se está convirtiendo a este Poder Legislativo; se deshonra la oportunidad del espacio que ocupamos”.
Desde Movimiento Ciudadano, dijo, se va a recurrir a las instancias legales para impugnar la aprobación de esta reforma y buscar su invalidez en tribunales.
