La última actualización del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) de los sujetos obligados a nivel federal muestra que hay 90 mil 33 asuntos que no se darán a conocer por lapsos que oscilan entre uno y cinco años, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Sol de México revisó los IECR de algunas dependencias federales —que por ley están obligadas a reportar cada semestre el listado de expedientes reservados— y detectó que uno de los asuntos con más información resguardada es la construcción del Tren Maya, la obra de infraestructura más relevante en el sexenio pasado, y que ha suscitado críticas por los daños al medio ambiente, los sobrecostos y los contratos poco transparentes.
A la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se le solicitaron “copias íntegras de todos los documentos (contratos con anexos, convenios, acuerdos de buena voluntad) firmados por el ciudadano Jorge Amílcar Olán Aparicio y la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Frente 5 del Tramo 6 del Tren Maya”.
Olán Aparicio es mencionado en investigaciones periodísticas realizadas por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad como amigo de los hijos del expresidente López Obrador, y quien habría recibido contratos millonarios para diversas obras, entre ellas el Tren Maya.
Al argumentar las razones por las que no se puede hacer pública la información, la Sedena señaló que “dar a conocer la información que forma parte esencial en la investigación de probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos puede entorpecer la secuela procedimental de las investigaciones que realiza la autoridad administrativa y generar desigualdad entre las partes, incertidumbre en las determinaciones, falsas imputaciones e incluso impedir que se lleven a cabo de forma correcta cada una de las etapas de investigación”, por lo que el expediente fue reservado por cinco años.
De los más de 90 mil expedientes clasificados como reservados, la mayoría está en manos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (24 mil 462) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (16 mil 534), buena parte de ellos relacionados con juicios de carácter laboral, en los que la autoridad tiene la obligación de mantener la secrecía en procesos que están en curso.
Otro de los temas reservados hasta 2029 es el relativo a los homicidios cometidos en el marco del proceso electoral 2023-2024, en el que además de elegir presidenta de la República, diputados federales, senadores y 14 gubernaturas, estuvieron en juego más de 20 mil cargos de elección popular; diversas fuentes como Integralia Consultores, El Colegio de México y Data Cívica señalaron que se trató del proceso electoral más sangriento de la historia.
En su alegato para no dar a conocer la información, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana apuntó que “se está frente a una causa de reserva reglada, la cual no está sujeta a interpretación o análisis del contenido particular del documento, pues el legislador secundario estableció que, al tratarse de documentos altamente sensibles por la naturaleza propia del órgano del Estado que lo crea, todas las actas del Consejo de Seguridad Nacional deben permanecer en reserva, a efecto de proteger un bien jurídico superior, como lo es precisamente la seguridad nacional”.
A la Secretaría de Marina se le solicitó el nombre del encargado directo del operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, en el que se aprehendió y posteriormente se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Tras reservar el caso por cinco años, la Semar explicó que “la difusión de datos personales pone en riesgo la vida, seguridad y salud no sólo del responsable del operativo, sino también de los militares que participaron”.
El 18 de enero de 2019, 137 personas murieron en Tlahuelilpan, Hidalgo, debido a la explosión de ductos de Pemex que habían sido perforados para ser ordeñados de manera clandestina. A través de una solicitud de información vía transparencia, un ciudadano pidió a la Fiscalía General de la República un “informe de avances de la investigación”.
Al embargar la información hasta 2029, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero argumentó que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo previsto en su artículo 20, Apartado B, fracción VI, así como la legislación que de esta emana, les permiten restringir íntegramente el acceso a los registros de una investigación penal, inclusive tratándose de los presuntos autores o partícipes del hecho delictivo”.
Fuente: El Sol de México
