Por: Investigaciones ZETA Tijuana
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador murieron 207 militares durante la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; sin embargo, se estima que los elementos castrenses abatieron a por lo menos más del doble de cantidad de personas, pues su grado de letalidad es mayor que el de las corporaciones policiales, de acuerdo con un estudio realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, donde se establece que las Fuerzas Armadas dejan 4.4 muertos por cada herido cuando participaron en algún enfrentamiento durante ese sexenio.
Por lo anterior, la investigadora Alicia Franco, coordinadora de Análisis de Datos de Data Cívica, estima que tener a los militares en labores de seguridad pública es un riesgo, y haber pasado a la Guardia Nacional bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue un error basado en la medida de popularidad de las Fuerzas Armadas, “Son muy amadas, pero ¿qué tanto el hecho de que la gente diga que las quiera más, está justificado o está respaldado porque su actuación sea buena o porque su permiso de hacer uso de las armas esté hecho de debida forma?”, cuestionó.
Conforme a la relación de personal fallecido en aplicación de la referida campaña permanente contra el narcotráfico, del primer día de diciembre de 2018 hasta el 3 de septiembre de 2024, al menos 207 soldados fallecieron en el cumplimiento de su deber, aunque se reportaron algunos pocos por enfermedad. Tamaulipas fue la principal entidad, como históricamente ha sido, en la que más militares murieron, en este caso 42, en el sexenio; le sigue Sinaloa, con 22; Michoacán, 18; Durango y Guerrero, 16; Jalisco, 13; Sonora, 12; así como San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, con siete muertos cada entidad.
Las principales causas de muerte fueron las agresiones con armas de fuego en 114 de los casos; en accidentes vehiculares, 57; accidentes aéreos, 10; ahogados, cinco; atropellados, cuatro; por artefactos explosivos, dos; y por golpes de calor, dos. La carne de cañón son los soldados del más bajo rango, de los que murieron 103; le siguen los cabos, 52; Sargento Segundo, 24; Teniente, ocho; Capitán Segundo, cinco; Capitán Primero, cuatro; Coronel, dos; Mayor, dos; el resto ostentaban diversas categorías y especialidades.
La mayor de las sangrías para el Ejército Mexicano ocurrió durante el llamado Culiacanazo 2.0, cuando el 5 de enero de 2023 fue detenido Ovidio Guzmán López alias El Ratón, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ex líder del Cártel de Sinaloa. Derivado de ese operativo fueron asesinados 10 militares, contra 19 personas civiles abatidas por las Fuerzas Armadas y otras 21 detenidas por su presunta pertenencia a la delincuencia organizada. También hubo enfrentamientos que dejaron saldo de tres soldados muertos en varias ocasiones, como en Leonardo Bravo, Guerrero; Teocaltiche, Jalisco (dos veces); Las Charcas, San Luis Potosí; y Aguililla, Michoacán.
Alicia Franco, de Data Cívica, destaca que existe permisividad y normalización para usar un tipo de lenguaje diferenciado, cuando los miembros de las fuerzas armadas mueren son “asesinados”, pero si se trata de civiles a manos de militares o policías, son “abatidos”, porque hay mucha criminalización en sectores de la población.
“Estamos de acuerdo, no queremos que haya delincuencia, pero la solución no es asesinar, abatir. Las personas con las que se encuentra el Ejército, para que sean clasificadas como delincuentes, debe de haber una debida investigación. Rara vez se reporta que haya una investigación que acompañe al evento del enfrentamiento y eso es extremadamente preocupante, porque no sabemos si de verdad estas personas abatidas sí eran delincuentes”, señala la investigadora.
EL INFORME
El informe de Data Cívica e Intersecta denominado, A(r)madas y Letales, segunda parte del proyecto Con Copia Oculta, revela que las Fuerzas Armadas dejaron 4.4 muertos por herido al participar en un enfrentamiento en la administración recientemente concluida, mientras que las policías, 2.7, lo cual refleja que su uso de la fuerza no es conforme a la Ley, que establece, debería ser el último recurso cuando enfrentan a presuntos delincuentes. Es decir, mejor dicho, “tiran a matar”.
“Si un civil fue afectado en un enfrentamiento donde estuvo presente la policía estatal, tiene tres veces más probabilidades de haber fallecido que de haber sido lesionado. El ejército, por el contrario, está presente en menos enfrentamientos que en sexenios anteriores. No obstante, si una persona fue afectada en los enfrentamientos donde el ejército está presente, la probabilidad de que haya fallecido es cuatro veces mayor a que se haya lesionado”, se lee en el informe.
“Hacemos estas comparaciones, Fuerzas Armadas versus policías y las hacemos a través del tiempo. ¿Cómo? Vemos estas medidas que se llaman índice de letalidad, son medidas de qué tan letales son los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las personas con las que se enfrentan. Que les disparan de regreso, que son presunta delincuencia organizada. Estas medidas, sólo por dar un ejemplo, ven el número de heridos por el de fallecidos. O el número de personas detenidas por el de personas fallecidas. ¿Por qué? Porque uno esperaría que, en el mejor de los casos, nadie fallezca en este encuentro y en realidad se detenga a los presuntos delincuentes y se investigue”, señala Alicia Franco.
La coordinadora de Análisis de Datos de Data Cívica infiere: “En el segundo mejor de los casos, pues alguien tal vez termine herido, pero no fallezca. Y en el peor de los casos, sería que la gente fallezca. Entonces uno esperaría o en un mundo ideal, el número de heridos sería mayor al de fallecidos y el número de detenidos también sería mayor al de fallecidos. Vemos que en México eso no pasa. En realidad eso no pasa. No pasa nunca. Y eso está muy mal. Es un muy mal estándar nacional, pero además lo que vemos es que estas medidas de letalidad tuvieron en el sexenio Felipe Calderón su peor momento, pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no llegaron a ningún punto deseable y son incluso mayores a las del sexenio de Enrique Peña Nieto”.
Con datos oficiales que el gobierno mexicano ha integrado con registros de hechos de violencia que atribuye al crimen organizado y su combate, el informe de Data Cívica compara además la violencia e irregularidades cometidas por distintas corporaciones al momento de arrestar personas. Una primera diferencia es que las autoridades civiles arrestan con una orden judicial el 19.7 por ciento de las veces, mientras que las Fuerzas Armadas sólo tienen una orden en 6% de los casos y la mayoría de sus detenciones son en flagrancia o después de una inspección.
“Las Fuerzas Armadas ejercen violencia psicológica contra las personas que arrestan el 79.5 por ciento de las veces, frente al 66.4% de cuando la detención la hacen autoridades civiles, y aplican violencia física el 67.7 por ciento, mientras que las fuerzas civiles lo hacen el 50.6 por ciento de veces. Otro abuso notorio es que las Fuerzas Armadas cometen violencia sexual contra la mitad de las personas que arrestan (49.6%), mientras las civiles lo hacen con una de cada tres (34.3%)”, destaca el estudio.
REFORMA DE RIESGO
La investigadora Alicia Franco recuerda que la reciente reforma constitucional convierte a la Guardia Nacional en una de las cuatro instituciones que integran la fuerza armada permanente, dándole fuero militar y facultándole a investigar delitos, situándola como parte de la Sedena, “pero también, además, lo que hace esta reforma es que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, ahora pueden participar de forma permanente en labores de seguridad pública”.
Antes de ello, una temporalidad por decreto para que estas instituciones participaran en la seguridad pública. “Primero, hasta 2024, después hasta 2028, y ahora, con esta reforma pueden hacerlo de manera permanente, indefinida y no establece condiciones la nueva reforma de cómo debería de darse esta participación”, detalla la entrevistada.
A su vez, advierte que el hecho de que la Guardia Nacional estuviera capacitada por militares antes también implicaba un riesgo, con esta reforma constitucional es un cambio drástico al modelo de seguridad pública y un riesgo aún mayor.
“Es preocupante porque la Guardia Nacional era la única fuerza de seguridad civil que nos quedaba, y ahora se volvió militar. En ese sentido, las fuerzas de seguridad civil quedan a nivel estatal y municipal y son completamente necesarias. Hay que fortalecerlas, porque vemos que el presupuesto a ellas tampoco se está aumentando y hay que asegurar que se mantengan civiles y no se vuelvan militares, pero como también mencioné inicialmente, esa es una razón por la que nos preocupa la reforma.
“También lo es, que ahora el actuar de las Fuerzas Armadas es permanente en la seguridad pública y eso es algo nuevo, no sucedía antes, era algo exclusivamente temporal. Sólo acotar esos dos detalles”, reitera Franco.
La falta de información es otra de las inquietudes de Data Cívica: También están esos datos donde vemos qué es lo que entiende el gobierno cuando dice guerra contra las drogas, a qué se refiere, quién es el enemigo. Lo hacemos a partir de información que pudimos encontrar precisamente a través de la filtración de la Sedena. Porque esa es la otra cosa, la Sedena y el Ejército, en general las Fuerzas Armadas, no son las instituciones más transparentes. Eso es la otra gran preocupación que tenemos, no son las instituciones que entregan información con más facilidad. Todo lo contrario, vemos que mucha información es categorizada como reservada por cinco años, por temas de Seguridad Nacional”.
La analista cuestiona que la militarización no sólo se da en los balazos o su injerencia en la seguridad pública, “sino que estamos viendo que también participan en muchas otras cosas; las Fuerzas Armadas nos vacunaron en la pandemia, construyen el Tren Maya, están participando en muchos otros frentes de la política pública, y nos preocupa que estos abusos del poder, esta opacidad, vayan también avanzando en estos otros frentes de la política pública. (…) Se ha visto en la política migratoria, se ha facilitado la criminalización de personas migrantes especialmente mujeres afrodescendientes, gracias a la militarización”.
Con relación a la construcción del Tren Maya, se han denunciado abusos y maltratos hacia los trabajadores civiles. “En ese sentido los llamo a cuestionar estos valores que le damos a los militares. Son los más disciplinados, la disciplina, ese es su valor. ¿Es una creencia que tenemos y con la que hemos caracterizado a la institución, o tenemos evidencia para aseverarlo? Porque en realidad lo que vemos es que, comparados con otras instituciones, no son buenos recabando información, ni reportando su actuar, ni haciendo uso de la fuerza, ni construyendo, ni encargándose de la política migratoria. Tenemos que cuestionar también cuáles son todos estos valores que normalizan y permiten que se nos haga normal que los militares entren a hacer tareas que no son las suyas, que le quitan valor a la tarea que sí tienen que hacer: garantizar la seguridad nacional, no la seguridad pública, no la construcción de infraestructura, etcétera”, concluye la investigadora.
