Por: Aarón Ibarra | Proceso
Culiacán, Sinaloa.– El gobernador morenista Rubén Rocha Moya está al borde del abismo cuando llega a la mitad de su sexenio. Acorralado por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa y con el territorio que gobierna semiparalizado por la violencia que ha dejado decenas de víctimas, el mandatario se encuentra bajo el escrutinio de los órganos de inteligencia del gobierno federal mexicano ante la sospecha de haber tomado partido por el grupo criminal de Los Chapitos, traicionando a la facción del Mayo Zambada.
De acuerdo con información obtenida por Proceso, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de inteligencia militar “dan seguimiento personal y mantienen vigilado” a Rocha Moya por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y con el aval de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
En ese contexto de narcoviolencia e investigaciones federales, al gobernador de Sinaloa le queda sólo un aliado estratégico y está en el Senado: el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, de quien el gobernador fue entusiasta promotor durante la precampaña presidencial morenista, al igual que el diputado federal electo Héctor Melesio Cuén, asesinado el 25 de julio último, el mismo día de la detención de Ismael el Mayo Zambada.
Los documentos de inteligencia del gobierno federal, fechados en septiembre, consignan que, además del mandatario estatal, su hijo José Rocha Ruiz también es vigilado; éste, de hecho, es señalado como el vínculo entre el gobernador y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa vía altos funcionarios, como el titular del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES), José Carlos Cárdenas Mellado, designado en el cargo por el propio Rocha el 19 de agosto último.
Uno de los reportes, titulado “Sinaloa. Gobernador Rocha Moya por temor a sufrir atentado pernocta en Palacio de Gobierno”, muestra el seguimiento sobre las actividades del mandatario y registra el “extremo nerviosismo” y la “profunda preocupación” de éste luego de la captura del Mayo, del asesinato del exrector de la Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuén, y de la violencia entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa que ocurre principalmente en la capital del estado y sus alrededores.
El informe precisa que Rocha Moya duerme en el tercer piso de la Unidad Administrativa (donde suele despachar), vigilado durante las 24 horas del día, seguridad que se ha reforzado para él y su familia, y en la que contribuyen elementos de la Guardia Nacional y Marina, que incluyen francotiradores y el uso de camionetas blindadas de nivel seis, uno de los más altos que existen en México.
En un apartado del informe, titulado “José Carlos Cárdenas Mellado, nuevo titular del SATES del Gobierno del Estado de Sinaloa”, se mencionan nexos de Rubén Rocha (el primer gobernador de izquierda en Sinaloa) y su hijo José Rocha Ruiz con Los Chapitos vía el funcionario referido.
“José Carlos era un enlace del gobernador con los chapitos”, dice textual una de las páginas de la ficha de inteligencia federal.
José Rocha Ruiz es el menor de los hijos varones del gobernador y el que menor actividad empresarial tiene, según lo que se conocía hasta ahora en el estado.
Sin embargo, apenas el 19 de septiembre último inscribió en el Registro Público la empresa Chocosa Ranch, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, misma que tiene como giro la compra, venta, cría, producción y engorda de ganado bovino, vacuno, equino, porcino, caprino y cualquier tipo de animal en general, así como la exportación e importación de todo tipo de ganado.
Los tres hijos del gobernador (José, Rubén y Ricardo) han obtenido contratos desde 2009 hasta 2017 por más de 63 millones de pesos, de acuerdo con una investigación del periodista Silber Meza para la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
La ficha de inteligencia asienta que José tiene lazos de amistad con el titular del SATES, Cárdenas Mellado, de quien fue compañero de escuela y de departamento cuando ambos cursaban la universidad en Monterrey.
“José Carlos (Cárdenas Mellado) y su papá tienen desde hace mucho tiempo una relación con los chapitos”, indica el reporte, según el cual el ahora funcionario estatal se ha encargado durante los primeros tres años de gobierno de “dar el visto bueno” a compras y pagos del propio gobierno, pues todo esto “lo consultaba con el gobernador”.
El 15 de septiembre último la página de internet del SATES fue hackeada y le colgaron una amenaza dirigida al mismo gobernador. También fue intervenida la página del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), el cual fue dirigido por un hermano de Enrique Inzunza Cázarez, ahora senador por Morena. El actual director es José Jaime Montes Salas.
El 19 de septiembre pasado el gobernador admitió de manera pública ser blanco de amenazas de muerte:
“Hay muchos que quieren que me muera, pero pues ese no es un problema de gusto, de tal o cual; y la responsabilidad nuestra hay que asumirla con todos los riesgos.
En toda esta trama, que tiene como escenario una violencia desatada en el estado, hay un nombre más que figura: el del Chapo Isidro (Fausto Isidro Meza Flores). De acuerdo con la ficha de inteligencia, estaría apoyando a la facción del hijo del Mayo, Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco. Esto fue pactado en una presunta reunión entre ambos capos del cártel.
También el grupo de los hermanos Cabrera Sarabia, de Durango, tomó bando con el grupo de Zambada Sicairos.
Los reportes además advierten que los enfrentamientos podrían replicarse en el norte sinaloense, sobre todo en el municipio de Ahome.
El informe atribuido al CNI y a la Sedena indica que otro personaje que se encuentra en constante vigilancia es el exsecretario de Gobierno y ahora senador por Morena Enrique Inzunza Cázarez.
Para esta investigación, se indica en los documentos, “se ha comisionado a un equipo de cuatro investigadores” enviados del centro del país y apoyados por personal de la delegación del Centro Nacional de Inteligencia en Sinaloa.
De todos estos datos tiene conocimiento la Fiscalía General de la República (FGR), que “por instrucciones del Presidente” atrajo la investigación por el homicidio de Melesio Cuén y la presunta privación ilegal de Ismael el Mayo Zambada.
En sólo 10 días el embate entre las facciones de Los Chapitos y la gente del Mayo ha alcanzado saldos trágicos.
El despliegue criminal tiene sumido a Culiacán en pérdidas calculadas por al menos 500 millones de pesos diarios, debido al cierre de comercios y a la poca o nula actividad productiva de todo tipo de negocios.
Los enfrentamientos también impactan en las infancias, recluidas en sus hogares tomando clases a distancia, pese a la disposición de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) estatal que insiste en que los alumnos deben acudir a los planteles. La ciudad, entre el 9 y el 29 de septiembre últimos ha padecido una soledad notable.
Además, el llamado del 19 de septiembre pasado hecho por cámaras, asociaciones y organizaciones no gubernamentales en un desplegado en medios de comunicación, para que se ponga fin a la narcoviolencia, torna más complicada la realidad del estado, lo mismo que la situación del gobernador.
