Los reguladores Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) e Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pidieron espacios de diálogo efectivo y análisis para discutir su desaparición, tras el avance de la reforma que busca que siete órganos autónomos dejen de existir en México.
Ambos institutos defendieron que su labor ha otorgado beneficios y ahorros económicos al Gobierno mexicano y los ciudadanos, al tiempo que han evitado excesos por grandes agentes económicos.
La invitación a llevar a cabo una “deliberación inclusiva”, sucede luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó una reforma, por la mayoría oficialista, para desaparecer siete órganos autónomos, entre ellos, la Cofece y el IFT.
Posicionamiento del @IFT_MX sobre la aprobación del Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Diputados, a la iniciativa en materia de simplificación orgánica.
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Sin embargo, la Cofece recordó en un comunicado que el dictamen debe ser discutido aún por la próxima legislatura en el Congreso, que comenzará sus trabajos a partir de septiembre.
Por ello, pidió “una deliberación inclusiva de esta reforma previo a su votación” por el total de los nuevos diputados que contarán con una mayoría calificada, que les permite reformar las leyes sin necesidad de negociar con la oposición.
“La Cofece refrenda su disposición a un diálogo más amplio con todos los grupos parlamentarios que integrarán la próxima legislatura del Congreso de la Unión (…) contemplando un arreglo institucional fuerte para preservar sus principios”, indicó.
Aparte, detalló que, desde su creación, la Cofece ha impuesto multas por más de 13 mil millones de pesos a grandes empresas por abusar de su poder en perjuicio de consumidores mexicanos.
Además de generar ahorros estimados en al menos 36 billones de pesos para los mexicanos en productos de necesidad básica como el b higiénico, pañales, gas licuado de petróleo, transporte, pollo, tortillas, huevo, medicinas y gasolinas.
“Por cada peso (menos de un dólar) asignado a la Comisión, se han generado 152 pesos (casi 8 dólares) en beneficios para el consumidor”, indicó.
Por su parte, el IFT consideró que la reforma propuesta por López Obrador conlleva un “grave retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias” en el país.
“En tan solo once años desde la creación del IFT como órgano constitucional autónomo, los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han experimentado una transformación profunda y sin precedentes en la historia de México”, posicionó.
Detalló que entre estos beneficios, hoy los mexicanos pagan 32.1 por ciento menos por servicios de comunicaciones que hace 11 años, pese al incremento de la inflación en este periodo, al tiempo que destacó el avance del 45 por ciento al 81.2 por ciento en la población usuaria de internet, lo que equivale a la inclusión de 51 millones de personas.
También señaló que el IFT ha perseguido el mismo objetivo de simplificar los gastos de la administración pública, por lo que ha disminuido en términos reales más del 40 por ciento de su presupuesto, respecto al destinado en 2014 a este Instituto, un año después de su creación.
“Es importante señalar que el presupuesto asignado al IFT de 2014 a 2023 ha sido por 17 mil 752.1 millones de pesos, cifra que contrasta con los más de 180 mil 917.8 millones de pesos que, en cuanto a contraprestaciones, el IFT ha contribuido en ingresos a la Hacienda Pública”, añadió.
También sostuvo que el IFT ha logrado ahorros a los usuarios por un equivalente a 805 mil millones de pesos, “por lo que por cada peso (menos de un dólar) de presupuesto asignado se han generado 44 pesos de beneficio social”.
Antes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) también señaló su eliminación como un retroceso para México y los derechos humanos en el país y se sumó al llamado por un diálogo.
La reforma que busca desaparecer siete organismos autónomos es parte de un paquete de reformas presentadas en febrero pasado que, entre otras, también pretenden que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular.
Esto ha generado alertas por preocupaciones de los inversionistas norteamericanos, con posicionamientos de los embajadores en México de Canadá y Estados Unidos, en medio de advertencias de calificadoras como Fitch y entidades como CitiBanamex o Morgan Stanley por el riesgo de aprobar las reformas propuestas por el presidente mexicano.
Fuente: López Dóriga Digital
