Por: Denisse Ureña | Somos el Medio
Hermosillo, Sonora.- Comités Cuenca Río Sonora desmintieron declaraciones de las autoridades federales y estatales sobre avances más, la existencia de planes de justicia por el derrame tóxico del 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi. Los habitantes por medio de un comunicado emitido este jueves 22 de agosto del año presente, exigieron pruebas de asegurado.
Luego de la conmemoración por 10 años sin respuestas ante la catástrofe provocada por Grupo México, el Gobierno Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), realizaron declaraciones en relación al caso a través de redes sociales como en la conferencia presidencial matutina del 9 de agosto.
Comités Cuenca Rio Sonora, en el comunicado expresaron que en tales declaraciones se “aseguraron avances y acciones concretas para la atención y reparación del grave daño a la salud y medio ambiente que persiste hasta el día de hoy”, donde a su vez, reiteraron el desconocimiento de lo emitido.
Se mencionó que, durante la conferencia presidencial, Andrés Manuel López Obrador informó avances en los planes de justicia ambiental y de salud, donde se destacó la rehabilitación de seis plantas potabilizadoras y la construcción de cuatro nuevas, asegurando el acceso a agua potable para los habitantes de la región.
A su vez, el Gobernador de Sonora también emitió un comunicado exponiendo la atención ya implementada para la salud de los pobladores afectados por el derrame. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, afirmó algunas declaraciones más, una mesa de diálogo con representantes de Grupo México.
Ante estas declaraciones, CCRS reiteraron su desacuerdo dado que “las víctimas no han sido recibidas, a pesar de que lo solicitaron en dos ocasiones en este año”, y demandaron atención más efectiva y directa a las realidades que enfrentan las comunidades afectadas.
A causa de lo emitido, Comités Cuenca Rio Sonora manifestaron una serie de realidades y contexto en comparación de lo afirmado por los gobiernos e instituciones federales y estatales:
- Sobre las plantas potabilizadoras: Autoridades afirmaron 6 plantas rehabilitadas y 4 construidas. Comités expuso que las 6 plantas construidas en el gobierno anterior se rehabilitaron parcialmente en 2023 y 2024, aunque, no se garantizó efectividad para la separación de metales pesados. En relación a la construcción de nuevas plantas, afirmaron no haber información de su existencia.
- Sobre el Plan de Justicia Ambiental: Autoridades declararon la existencia de un Plan de Justicia Ambiental para Cananea-Río Sonora. Comités comentaron “no ha sido presentado a las comunidades, y las declaraciones oficiales se basan en análisis sin propuestas concretas”, autoridades no convocaron reuniones, se ignoraron las solicitudes de reunión con las víctimas y solo se brindó atención a Grupo México.
Asimismo, en cuanto a“las medidas de fitorremediación y monitoreo por SEMARNAT se discutieron en una reunión pública en mayo de 2023”aunque, no existió seguimiento. Además, se mencionó que la institución “afirmó en el juzgado que no tiene responsabilidad en desarrollar un plan de atención al Río Sonora.”
- Sobre el Plan de Justicia y Atención en la Salud: Autoridades afirmaron la existencia de un Plan de Justicia de Salud. Comités mencionaron que no hay un plan concreto y no existió toma de acción para la atención y prevención.
Aunado a esto, “Cenaprece realizó análisis de metales pesados, pero no dio seguimiento al problema y clasificó como reservado el estudio. A su vez, instituciones como IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud de Sonora no actuaron adecuadamente ante la atención requerida en toxicología.”
- Sobre el acceso al agua potable: Autoridades afirmaron garantizar el acceso al agua potable para 24 comunidades. Comités desmintieron la información declarando que “no existe infraestructura o mecanismos específicos… a pesar de que tanto un Juez Federal como la CNDH han catalogado como urgente la necesidad de tomar medidas al respecto.”
Los habitantes de Rio Sonora, expresaron la falta de comunicación por las autoridades para presentar los planes y acciones declarados en el ámbito de salud y medio ambiente.
No obstante, CCRS aseguró que el pasado 19 de agosto, el Juez Decimotercero de Distrito ordenó a la Semarnat y a la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar, organizar una reunión con las personas afectadas para comunicarles de manera clara las medidas ambientales y sanitarias implementadas en las comunidades, debiendo estar presente un especialista en Toxicología.
Manifestaron también que, a causa de los recientes sucesos, el 21 de agosto realizaron 54 solicitudes de acceso a la información para la corroboración de planes, acciones aseguradas.
Continuaron exigiendo al Gobierno Federal, Secretaría de Gobernación, Gobierno de Sonora, Semarnat, IMSS-Bienestar y Secretaría de Salud de Sonora, toma de acción sincera y responsable, así como, la evidencia de los proyectos declarados con objeto de beneficio a los afectados por el derrame en ríos Bacanuchi y Sonora.
Recordaron que“la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó que las víctimas del derrame en el Río Sonora debemos ser incluidas en los procesos de justicia y reparación, por lo cual nos parece grave que los Planes mencionados no se hayan presentado a las comunidades del río ni cuenten con la participación de las víctimas.”
Al término del comunicado, CCRS reiteraron la lucha que han continuado por 10 años, durante dos sexenios sin respuestas y con injusticias. Manifestaron su disgusto e indignación ante la falta de reparaciones hacia los daños ocasionados.
“Las comunidades afectadas seguiremos exigiendo acciones concretas y que se respete nuestro derecho a participar en los procesos de justicia. Nuestro derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano no es negociable. Seguiremos luchando hasta que se haga #JusticiaParaElRíoSonora.”
