Organizaciones enviaron a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, una serie de propuestas para atender a la población en situación de tránsito por el país, entre las que piden la creación de una institución de defensa del migrante que se vincule con los defensores, albergues, fiscalías y organismos de derechos humanos.
Al alertar que los migrantes siguen padeciendo cobros irregulares de autoridades y también son víctimas del crimen organizado, pidieron una nueva política de Estado en la materia, que incluya más claridad en la entrega de documentos migratorios, así como mayor presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El documento fue firmado por agrupaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria y el Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres, así como los albergues Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, y el Divina Misericordia, de Arriaga, Chiapas, entre otros.
Además, fue respaldado por decenas de defensores de derechos de migrantes.
Explicaron que migrantes que llegan al albergue de Ixtepec han manifestado que miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional amedrentan a la población de paso, exigiéndoles un pago por dejarles atravesar por territorio nacional.
A la par, desde hace un año el INM canceló el oficio de salida, lo cual trajo como consecuencia que las personas en tránsito recurrieran a la tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH). Sin embargo, la obtención de ésta tiene limitantes legales, pues no es para todas las personas. La gran mayoría se ve obligada a caminar por la selva y la sierra, convirtiéndose en víctimas del crimen organizado, expuestas a ser detenidas por las autoridades migratorias y deportadas a la frontera con Guatemala.
Convocaron a hacer más clara y explícita la TVRH, la forma de tramitarla por causales de delito, ya que actualmente es confusa la vía para obtenerla, así como a definir corredores humanitarios para los migrantes.
También llamaron a elaborar un diagnóstico del problema migratorio en México, particularmente en cuanto a violación y protección de derechos humanos, y mayor cantidad oficinas del INM en puntos estratégicos.
