La Corte Suprema de Arizona dictaminó que una propuesta que permitiría a la policía local realizar detenciones cerca de la frontera del estado con México aparecerá en la papeleta electoral del 5 de noviembre para que los votantes decidan.
Se trata de la mayor iniciativa para implicar a las autoridades locales en la aplicación de la ley de inmigración desde la histórica ley de 2010 que obligaba a la policía a preguntar a las personas sobre su situación migratoria en determinadas situaciones.
El tribunal rechazó una impugnación de grupos latinos que argumentaban que la medida electoral había violado una norma de la Constitución estatal que establece que las propuestas legislativas deben abarcar un único tema. En una orden dictada por la presidenta de la Corte Suprema, Ann A. Scott Timmer, la máxima instancia judicial del estado concluyó que la medida cumple la norma de un solo tema.
De ser aprobada por los votantes, la propuesta, conocida como Proposición 314, convertiría en delito estatal el cruce de la frontera entre Arizona y México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada, otorgaría a las fuerzas del orden estatales y locales la facultad de detener a los infractores y permitiría a los jueces estatales ordenar el regreso de las personas a sus países de origen.
También tipificaría como delito punible con hasta 10 años de prisión la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona y exigiría a algunas agencias gubernamentales que utilicen una base de datos federal para verificar la elegibilidad de un no ciudadano para recibir ayudas.
La propuesta será presentada a los votantes en un estado que se espera que desempeñe un papel crucial a la hora de determinar qué partido controla la Casa Blanca y el Senado de Estados Unidos. Los republicanos esperan que centre la atención en la frontera y diluya los beneficios políticos que los demócratas pretenden obtener de una medida electoral a favor del derecho al aborto.
Quienes se oponen a la medida han argumentado que la propuesta aborda temas no relacionados con la aplicación de la ley de inmigración, la crisis del fentanilo y la regulación de las prestaciones públicas. Un tribunal inferior había rechazado previamente esos argumentos.
Aunque la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes en Estados Unidos, los defensores de la medida dicen que es necesaria porque el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que la gente cruce ilegalmente por la porosa frontera de Arizona con México. También aseguran que algunas personas que entran en Arizona sin autorización cometen robos de identidad y se aprovechan de los servicios públicos. Los opositores dicen que la propuesta daría lugar a perfiles raciales, dañaría la reputación de Arizona en el mundo de los negocios y acarrearía enormes costes no financiados para los departamentos de policía que no suelen aplicar la ley de inmigración.
A principios de junio, la Asamblea Legislativa, controlada por los republicanos, votó a favor de incluir la medida en la papeleta electoral, pasando por alto a la gobernadora demócrata, Katie Hobbs, que había vetado una medida similar a principios de marzo y había denunciado el esfuerzo de llevar la cuestión a los votantes.
No es la primera vez que los legisladores republicanos de Arizona intentan criminalizar la migración.
Al aprobar su proyecto de ley de inmigración de 2010, la Asamblea Legislativa de Arizona consideró ampliar la ley de allanamiento del estado para tipificar como delito la presencia de inmigrantes e imponer sanciones penales. Sin embargo, la mención del allanamiento fue suprimida y sustituida por el requisito de que los agentes, al hacer cumplir otras leyes, preguntaran sobre la situación migratoria de las personas si se creía que estaban ilegalmente en el país.
La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó en última instancia el requisito del interrogatorio, a pesar de la preocupación de los críticos por la caracterización racial, pero los tribunales prohibieron la aplicación de otros artículos de la ley. A principios de esta semana, la secretaría de Estado de Arizona informó de que los partidarios de una propuesta que consagraría el derecho al aborto en la Constitución del estado habían reunido suficientes firmas para presentarla en las elecciones de noviembre.
De ser aprobada la medida, permitiría el aborto hasta que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, normalmente en torno a las 24 semanas, con excepciones para salvar la vida de la madre o proteger su salud física o mental. En la actualidad, el aborto es legal durante las primeras 15 semanas de embarazo en Arizona.
Fuente: Telemundo
