Por: Eduardo Villa | Zeta de Tijuana
Un Mando Único que no existió y una política dispersa en seguridad se vive en Baja California, lo cual deja consecuencias en la incidencia delictiva, principalmente en delitos de alto impacto
Las últimas dos semanas han sido claro ejemplo de que los gobiernos no se coordinan para focalizar una estrategia de seguridad que brinde resultados efectivos; ninguno se coordina, no trabajan en conjunto y, lo que es peor, la ciudadanía queda en medio de estos episodios de violencia.
Tras el anuncio en San Luis Río Colorado, Sonora, donde el Gobierno del Estado se haría cargo de las labores de seguridad ante la falta de confianza que se tiene al todavía alcalde Santos González Yescas, en el Poder Ejecutivo de Baja California se sembraron suficientes interrogantes respecto a si reaccionar igual que en el vecino Estado, al grado que se dio una reunión de seguridad conjunta.
A tal cónclave acudieron la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su homólogo sonorense, Alfonso Durazo Montaño, así como sus respectivos equipos de seguridad, pero a pesar que se trató el tema de la inseguridad en la región fronteriza entre ambos estados, lo que inevitablemente incluye al municipio de Mexicali, no acudieron la alcaldesa Norma Alicia Bustamante, ni Pedro Ariel Mendívil, director de la Policía Municipal, primeros respondientes en torno a temas de inseguridad en el valle de la Capital.
Al salir de la reunión, la gobernadora tenía en su cabeza muy definido que era probable la instalación de un Mando Único en el Valle de Mexicali, al grado que enviaron un comunicado de prensa para asegurar que esto era una realidad. Pero días después, Marina reculó. Comentó que todo fue un error de comunicación y que era materialmente imposible instalar un Mando Único estatal en la zona rural de la Capital bajacaliforniana, entre otras cosas, porque no se cuenta con suficiente personal para garantizar la seguridad en este punto.
Por su parte, Bustamante Martínez aseguró desconocer datos sobre la reunión de trabajo con Sonora, aunque la mandataria estatal insistió que sí sabía, lo que generó una nueva confusión entre ambas partes que -se supone- llevan gobiernos en el mismo sentido, por representar el mismo partido político.
Aun cuando no fueron convidados, otros alcaldes, titulares y electos, como Darío Benítez y Román Cota -por mencionar algunos-, de Tecate, aseguraron estar dispuestos e interesados en ceder ante un Mando Único.
La prudencia cayó dentro del alcalde electo de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, toda vez que aseguró, no podría comprometerse a una cuestión de esa naturaleza sin conocer las condiciones en que se encuentra la Policía de esa ciudad, ni la estrategia de seguridad, por lo que prefirió esperar hasta que asuma la responsabilidad para tomar una decisión.
En dos semanas de malos entendidos, especulaciones y versiones encontradas, se demostró que no existe coordinación ni trabajo en equipo en torno a la política y estrategia de seguridad, donde perfiles como Jorge Ramos Hernández, el diputado quantum del PVEM y de Morena -dependiendo qué le convenga mejor- pretende asumir desde el Legislativo la seguridad ciudadana, argumentando la estrategia de seguridad que en realidad fue fallida.
Mientras la gobernadora intenta dirigir la política de seguridad a través de un secretario de Seguridad Ciudadana que le impusieron y que no tiene confianza, o coordinación en la materia con el Ayuntamiento de Mexicali, tampoco tiene intercomunicación con el Ayuntamiento de Tijuana, dirigido por Montserrat Caballero. De hecho, hasta donde se tiene conocimiento, ni siquiera ha explicado la estrategia de seguridad a los nuevos alcaldes, lo que confirma la falta de coordinación en lo que se refiere a la seguridad pública, bajo la política morenista de depender de un Ejército Mexicano y de una Guardia Nacional que siguen sin accionar una estrategia integral para combatir la inseguridad.
Este 2024 se cumplen tres años en Baja California, sin política de seguridad efectiva, y mientras se presumen reducciones pírricas en materia de homicidios, se ignoran las cifras de desaparecidos. Las reuniones de la Mesa de Seguridad no necesariamente se traducen en una coordinación, como tampoco la labor disuasiva que, se supone, hacen Guardia Nacional y Ejército con patrullajes.
El Estado sigue sin liderazgo en materia de seguridad, en el abandono de una acción coordinada, con Mando Único o sin él.
