Ciudad de México (Proceso).- La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) acusó al juez federal Ernesto Cornejo por actuar de manera parcial a favor de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) involucrados en el incendio de la Estación Provisional de Ciudad Juárez, evento en el que resultaron muertos 40 migrantes y 27 heridos de gravedad.
Con la representación de nueve víctimas sobrevivientes y la de los familiares de nueve fallecidos, la organización apelará la decisión del Cornejo, quien es juez de Distrito Federal en funciones de juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, por modificar la medida cautelar de Daniel “N” para que siga en libertad el proceso que se le inició por el homicidio de 40 personas y lesiones en 27.
Por esos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada para Personas Migrantes y Refugiadas, abrió una carpeta de investigación de la que se derivaron dos causas penales.
En entrevista con Proceso, el abogado Marcos Zavala explicó que en una audiencia llevada a cabo este jueves 13, Cornejo dio trámite al amparo indirecto que interpuso Daniel “N”, quien en la época del siniestro fungía como el responsable de la Estación Provisional del INM en Ciudad Juárez.
Dijo que, en la resolución de amparo, el juez de Distrito “no ordenó la libertad” del imputado, sino que puso a consideración del juez de control si dentro de las medidas cautelares que señala el Código Federal de Procedimientos Penales a excepción del de prisión preventiva oficiosa, habría alguna que se podría canjear al procesado o de lo contrario declarar la prisión preventiva justificada.
Zavala explicó que el exfuncionario, quien se encontraba en prisión preventiva por la gravedad de los hechos, “era el encargado de velar porque las condiciones en una Estancia contaran con las medidas esenciales y básicas como el acceso al agua, a la comida, también, era el encargado de velar porque los extintores y las medidas de protocolo de protección civil funcionaran, que los aspersores, que las ventilas fueran adecuadas para evitar la tragedia que ocurrió donde 40 personas en situación de movilidad murieron y 27 gravemente lesionadas”.
Al resaltar que en la causa penal en la que se encuentra el exfuncionario están también “un migrante, a un guardia de seguridad, otro guardia de seguridad que está fugado y que es quien aparentemente tenía la llave de la estancia, y una agente de INM”, el abogado de las víctimas lamentó la resolución del juez de control, “no porque nosotros estemos a favor de la prisión preventiva oficiosa, sino porque vemos una disparidad y una cadena sucesiva de omisiones por parte de las autoridades”.
Zavala explicó que, en su argumentación en el amparo indirecto, el exfuncionario del INM apeló a las recientes sentencias contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoDH) por los casos de los hermanos Tzompaxtle Tecpile y Daniel García Rodríguez, en las que el tribunal regional ordena la desaparición del arraigo y la adecuación de la prisión preventiva a los estándares internacionales.
“En su sentencia, el juez modifica la medida cautelar para que Daniel ‘N’ siga su proceso en libertad, acuda al Centro de Justicia Penal a firmar cada lunes de cada quince días, fija una fianza de millón y medio de pesos, dándole un mes para hacerla efectiva, tiene que entregar su pasaporte y su visa, pero no verificó que el funcionario tenga arraigo, por lo que podría darse a la fuga
“De hecho, quien era el director general de Certificación y Control Migratorio Eduardo Molina, está fugado, precisamente porque se le permitió llevar su proceso en libertad y desde México; mientras tanto, el comisionado del INM, Francisco Garduño, quien también sigue su proceso en libertad y no ha renunciado al cargo, utiliza fondos públicos para comparecer a todas audiencias en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez; la disparidad y las omisiones son diferenciadas y asimétricas por parte de las autoridades tanto administrativas como de administración de justicia”, señaló.
El abogado de la FJEDD consideró grave que “a más de un año de la grave calamidad humanitaria, la más catastrófica en la historia, en la cual a manos del INM fallecieron 40 personas y 27 resultaron lesionados, no se ha garantizado la reparación del daño, las medidas asistenciales e inclusive una compensación económica que es la cual el comisionado se la pasa diciendo que ya cumplió y no es verdad”.
Tras señalar como responsables de las omisiones a la FGR, el INM y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la falta de atención a las víctimas, Zavala especificó que, en el caso de los jueces de control, durante el proceso penal han garantizado ampliamente los derechos de los imputados, pero en el caso de las víctimas, “no se les ha entrevistado a los núcleos familiares de las víctimas fallecidas, ni siquiera conocían ni sabían que existía una CEAV y que pudieran solicitar medidas asistenciales”.
Asimismo, a las víctimas no se les ha tomado en cuenta en el desarrollo de las audiencias que se han llevado a cabo en Ciudad Juárez, “los jueces ni siquiera les han preguntado a las víctimas si están de acuerdo en que los represente la CEAV, que tampoco tiene contacto con ellas”.
El abogado destacó que la reciente resolución será apelada en un Tribunal de Alzada, mientras que sigue en curso la petición que hizo la FJEDD a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que atraiga el caso del incendio de la Estancia Provisional del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Para nosotros es importante que, en igualdad de circunstancias, en igualdad de armas procesalmente esto sea atendido en un sentido de igualdad y de equidad, tanto para los imputados, pero también sin dejar de lado a las víctimas.
“En estos momentos, las personas imputadas siguen su proceso en libertad, mientras que a las personas en condición de migrantes que resultaron víctimas, ni siquiera se dio esa oportunidad, estuvieron detenidas en condiciones lamentables, sin tener una sola sentencia ni haber violado una ley en México”, puntualizó Marcos Zavala.
