La Iglesia Católica de San Cristóbal de las Casas denunció el viernes en un comunicado que las 11 personas, una de ellas menor de edad, que fueron asesinadas el pasado domingo en un municipio fronterizo con Guatemala eran civiles que se resistían a la delincuencia organizada y se negaron a trabajar para cárteles del narcotráfico.
El comunicado de la Iglesia afirma que el estado de Chiapas, de población mayoritariamente indígena, está arrasado por la violencia “generada por el control del territorio y el interés latente de continuar con la explotación minera por grupos criminales que han operado en total impunidad”.
Desde hace tres años, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen una pugna por el control de las rutas del tráfico de migrantes, drogas y armas procedentes de Centroamérica que son introducidas por esta zona con dirección a Estados Unidos.
Durante este tiempo, miles de personas han sido desplazadas de sus localidades y se ha multiplicado el acoso a la sociedad, según continuas denuncias de las organizaciones de la sociedad civil locales.
Las víctimas del municipio de Chicomuselo, seis hombres y cinco mujeres, “fueron asesinados de manera cruel y despiadado en sus hogares”, reiteró el comunicado de la Iglesia. Siete pertenecían a la misma familia, cuya casa fue incendiada. Dos de las mujeres quedaron calcinadas.
“Estas mujeres y hombres se resistían a dejar sus hogares a pesar de la violencia, amenazas y hostigamiento de los grupos criminales a sumarse a sus filas”, afirmó la organización religiosa.
La fiscalía de Chiapas informó de las muertes el martes, pero sin dar ningún detalle de lo ocurrido y sugiriendo que habían sido originadas por los enfrentamientos que hay entre grupos criminales.
La Iglesia de San Cristóbal de las Casas no especificó qué minas pretendían explotar los cárteles, pero acusaciones similares han tenido lugar en otros puntos de México dominados por los cárteles.
En 2013, las autoridades del estado de Michoacán reconocieron que el cártel de los Caballeros Templarios se había hecho con el control de la minería de hierro en el estado y que la exportación de mineral a China era una de sus principales fuentes de ingresos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido su preocupación por la violencia en esta región fronteriza, pero la minimizó diciendo que se encuentra ubicada solo en un sector muy específico del límite con Guatemala.
La Iglesia católica exigió el viernes justicia y dejó muy claro que “es inconcebible la falta de acción de las autoridades, habiendo presencia del Ejército, Guardia Nacional y policía estatal”.
El gobierno dijo el viernes que hay unos 30 mil elementos de las fuerzas de seguridad en el estado y que podría reforzarse su presencia.
También en el estado de Chiapas fueron asesinados el jueves una candidata a alcaldesa y cinco personas más. Otro candidato a regidor fue localizado sin vida, junto a su esposa, en otro estado del sur de México, en la ciudad de Acapulco, indicaron el viernes autoridades estatales.
Con las muertes de estos dos políticos ya suben a 21 los candidatos y aspirantes que han sido asesinados desde febrero hasta la fecha en el medio del proceso para las elecciones generales del 2 de junio, que ya se perfila como una de las más violentas de la historia reciente.
Los cuerpos de Aníbal Zúñiga, candidato por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la alcaldía del municipio de Coyuca de Benítez, y su esposa Rubí Bravo fueron hallados el jueves en una calle de esa ciudad, informó la fiscalía de Guerrero.
Al condenar los asesinatos, el PRI exigió a las autoridades esclarecer el incidente y expresó en un comunicado que “no pueden quedar impunes hechos tan lamentables que continúan enluteciendo a nuestro país”.