La Corte Suprema permitió este martes la entrada en vigor de forma temporal de la ley SB4 en Texas, que permite a la policía local y estatal arrestar a migrantes indocumentados.
La mayoría de jueces conservadores (seis) se impuso a la minoría progresista (tres) para rechazar la solicitud de emergencia del Gobierno del demócrata Joe Biden para frenar la entrada en vigor alegando que los estados no tienen autoridad para legislar sobre inmigración.
El lunes la Corte Suprema había extendido de forma indefinida su bloqueo a la entrada en vigor de la ley a la espera de tomar una decisión. La ley podrá entrar ahora en vigor, al menos de forma temporal, pues la Corte Suprema remite a un tribunal inferior a que tome una decisión sobre la medida. De esta forma, la ley podría volver a ser bloqueada judicialmente (o no), y el caso podría regresar así a la Corte Suprema para que dicte un fallo definitivo.
“El tribunal da luz verde a una ley que alterará el equilibrio de poder entre el Gobierno federal y el estado, sembrando el caos”, escribió la jueza progresista Sonia Sotomayor en una opinión disidente con la decisión de la mayoría conservadora.
La ley SB4, impulsada por la mayoría republicana en la legislatura texana y por el gobernador, Greg Abbott, permite a la policía arrestar a migrantes que cruce de forma irregular la frontera desde México e impone sanciones penales. Además, faculta a los jueces estatales para ordenar la deportación de personas a México.
Un juez federal bloqueó la ley después de que el Gobierno de Biden presentara una moción para evitar su entrada en vigor hasta que hubiera una decisión judicial firme, pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, dijo en una breve orden que podría entrar en vigor el 10 de marzo si la Corte Suprema se negaba a intervenir.
El 4 de marzo, el juez conservador de la Corte Suprema Samuel Alito congeló temporalmente la ley para darle tiempo a la Corte Suprema para considerar la solicitud del Gobierno federal, un bloqueo que se extendió este lunes 18 de forma indefinida para dar más tiempo al tribunal a decidir, como ha hecho este martes.
Estos son los aspectos más importantes de la ley
La ley permite a cualquier oficial de Texas detener a personas sospechosas de entrar sin documentos en el país. Para poder hacerlo, los agentes deberán tener una causa probable que puede incluir haber presenciado un ingreso ilegal o haberlo visto en video.
Sin embargo, la ley SB4 no podrá aplicarse a personas que se encuentren legalmente en Estados Unidos, incluidas las que hayan obtenido asilo o estén inscritas en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).
Los agentes pueden aplicar las aprehensiones en cualquier lugar de Texas, con algunas excepciones. Sin embargo, el representante estatal republicano David Spiller, que presentó el proyecto de ley en la Cámara de Representantes del estado, cree que la gran mayoría de las detenciones se generen en un radio de 50 millas (unos 80 kilómetros) de la frontera entre Estados Unidos y México.
Entre los lugares en los que no se pueden llevar a cabo las detenciones están las escuelas públicas y privadas, así como iglesias, sinagogas u otros lugares de culto establecidos. Tampoco podrán tener lugar en hospitales y otros centros de atención sanitaria, incluidos aquellos donde se realizan exámenes forenses de agresiones sexuales.
La ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial. Los oficiales texanos tendrán la facultad discrecional de deportar a los detenidos.
Una vez aprehendidos, los inmigrantes podrán optar por aceptar la orden de un juez estatal de abandonar Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal. Los que no abandonen el territorio estadounidense corren el riesgo de ser detenidos otra vez y ser procesados por delitos más graves debido a la reincidencia.
La SB4 establece que a quienes se les ordene salir de Estados Unidos serán enviados a puertos de entrada a lo largo de la frontera con México, sin importar si son o no ciudadanos mexicanos.
Anteriormente, ayudar a cruzar o transportar a un inmigrante indocumentado era castigado hasta con dos años de prisión. Con la SB4 esta pena se incrementa a 10 años tras las rejas y el pago de una multa máxima de 10,000 dólares.
En caso de que una persona detenida sea reincidente, la pena podría alcanzar hasta dos décadas de prisión.
Para aquellos que sean procesados y condenados por operar una casa para esconder indocumentados, las penas tendrán un mínimo de cinco años en prisión.
Pero en las penas serán incrementadas a su máximo, si los delitos ocurren en regiones declaradas como zonas de desastre. La medida también amplia las condenas para otros delitos cometidos durante el contrabando de inmigrantes.
¿Derecho soberano de Texas?
La procuradora general Elizabeth Prelogar desestimó el argumento de Texas de que está luchando contra una invasión en la frontera bajo la Cláusula de Guerra Estatal de la Constitución. La disposición dice que los estados no pueden “participar en la guerra, a menos que estén realmente invadidos” o en peligro inminente.
“Un aumento de la inmigración no autorizada claramente no es una invasión en el sentido de la Cláusula de Guerra Estatal”, escribió.
En defensa de la ley, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que la medida complementa la ley federal y que se debería permitir al estado hacerla cumplir.
La Constitución “reconoce que Texas tiene el derecho soberano de defenderse de los violentos cárteles transnacionales que inundan el estado con fentanilo, armas y todo tipo de brutalidad”, añadió.
Fuente: Telemundo
