Por: Milenio
La proliferación de estaciones de radio irregulares o piratas representan un riesgo para el proceso electoral de 2024, señaló el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Luis Mendoza Acevedo
En entrevista con MILENIO expuso que pueden ser utilizadas por organizaciones políticas o delincuenciales para amenazar o llamar al voto de forma ilegal, lo que pondría en duda la transparencia, equidad y legalidad de los comicios, el derecho a la información y democracia.
El también Diputado del Partido Acción Nacional (PAN), hizo un llamado a su erradicación.
Aseguró que de acuerdo con profesionales en el tema, son alrededor de 2 mil estaciones piratas que existen en el país, cantidad similar a las que operan legalmente y pagan impuestos.
Mendoza Acevedo dijo que, a pesar de los grandes esfuerzos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para el desmantelamiento de estas estaciones, sus esfuerzos se ven limitados por la falta de acompañamiento de la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación para aplicar la ley “y lo más delicado que puede suceder en 2024 es promover la desinformación o amenazas para cooptar el voto de la gente”.
Refirió que es tal el surgimiento de las estaciones piratas que ya no sólo se localizan en lugares apartados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla e Hidalgo donde hay escasa cobertura radiofónica formal, sino que ya se han detectado en la propia Ciudad de México y zonas metropolitanas de Nuevo León y Guadalajara.
Afirma que así como se desmantelan bases y se les impone una sanción administrativa, vuelven a operar con una mínima inversión “que les implica compra de equipo y antena que en cualquier lugar se consigue”.
El legislador indicó que el reciente anuncio del presidente en suplencia del Ifetel, Javier Juárez Mojica, de que en este año se aseguraron 83 estaciones irregulares gracias a la reasignación del presupuesto para fiscalización, es una cantidad baja ante el creciente número de estaciones piratas.
“Lo que se tiene que hacer es fortalecer al Ifetel, no solo con recursos presupuestarios, para poder activar los operativos contra ese tipo de estaciones que con sus mensajes y emisiones pueden indiscutiblemente incidir en la desinformación y voto de la ciudadanía”, explicó.
Pide CIRT apretar paso
José Antonio García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), dijo que aunque se logró el desmantelamiento de radiodifusoras irregulares “se debe apretar el paso frente al proceso electoral de 2024” y tratar el tema como un asunto de seguridad nacional.
“Porque un medio masivo de comunicación tan importante no puede estar en manos de personas que manejan estaciones ilegales en las que muchas veces están coludidos grupos subversivos que aprovechando una legislación laxa se han apoderado de frecuencias que aun no han sido concesionadas”, expuso.
Mencionó que desde la CIRT están promoviendo con grupos parlamentarios iniciativas de ley para que se sancione con entre dos y seis años de prisión y multas de entre 100 y 300 unidades de medida a quienes instalen y operen ese tipo de estaciones que además de apoderarse de frecuencias del espectro radioeléctrico, no pagan derechos por concesión.
“Estamos insistiendo en que se impongan penalidades importantes a esa actividad que no sólo nos representa una competencia desleal a las alrededor de 2 mil estaciones formalmente establecidas, sino que significan un gran riesgo para la democracia porque no se sabe en qué manos están y los fines para que las utilizan”, remarcó.
El directivo estimó aclaró que la cifra de radios pirata es difícil de cuantificar debido a que al momento del aseguramiento de la antena y equipo que implica una sanción administrativa, de inmediato nacen otras que son muy fáciles de instalar a grado que ese tipo de radiodifusoras se han convertido en el cáncer de la industria que si paga impuestos y contraprestaciones.
“En el supuesto de que sólo operan 400 estaciones irregulares, estaríamos hablando de una disminución de 20 por ciento de nuestro rating comercial estimado en 100 millones de personas con picos mensuales a nivel AM/FM de once millones de oyentes, lo que habla de la gran penetración y divulgación de mensajes de este importante medio masivo que requiere de una mayor vigilancia”, concluyó.
José Erandi Bermúdez, senador integrante de la comisión de radio y televisión, enfatizó que los huecos en la Ley de Radio y Televisión dificultan el combate de las radiodifusoras pirata debido a que persiste una definición ambigua y las sanciones son relativamente bajas sin pena corporal que van desde 100 hasta 20 mil días de salario mínimo que no disuaden su operación lo que obliga a la aprobación urgente de una iniciativa que catalogue la actividad como delito federal.
“Lamentablemente la proliferación de ese tipo de estaciones es efectivamente motivo de preocupación en términos de equidad y legalidad en el proceso electoral de 2024 porque podrían utilizarse para difundir mensajes políticos de manera ilegal o manejar información o propaganda para generar temor o movilizaciones, acorde con los intereses de quienes las operan”, expuso.
