El gobierno de México presentó una denuncia penal en contra del gigante minero Grupo México por haber incumplido con su compromiso de remediar los daños ocasionados por un enorme derrame químico en el Río Sonora en 2014.
A finales de septiembre, la autoridad ambiental presentó un dictamen en el que concluyó que los esfuerzos de remediación de la compañía habían sido insuficientes y que el río seguía mostrando la presencia de contaminantes tras nueve años desde el incidente.
“Nosotros el 17 de agosto pasado hicimos una denuncia penal a Grupo México porque no ha cumplido con la remediación ambiental”, afirmó la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, en una conferencia de prensa.
La funcionaria añadió que, según las conclusiones de la actual administración, el derrame no fue resultado de un accidente y dijo que el gobierno había solicitado a la empresa un nuevo plan de remediación para el sitio.
Grupo México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En su momento, la compañía fue multada por los daños y se vio obligada a crear un fideicomiso que según la autoridad ambiental no ofreció las compensaciones adecuadas.
Las acciones de la firma, una de los mayores productoras de cobre del mundo y con operaciones también en los sectores infraestructura y transporte, caían poco más de un 2% a 76.77 pesos.
A finales de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales denunció que la salud de miles de familias de la ribera del Río Sonora, sigue en riesgo por la acumulación de metales pesados nueve años después del derrame de la minera Grupo México.
La Semarnat presentó el “Dictamen diagnóstico ambiental río Sonora” sobre el hecho, considerado uno de los mayores desastres ecológicos en la historia nacional.
Las autoridades ambientales también determinaron que, a complacencia del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la minera Grupo México no pagó en su totalidad los daños económicos por un monto de 2 mil millones de pesos.
Además, de acuerdo con los nuevos estudios, los daños en realidad ascenderían a 20 mil 508 millones de pesos por afectaciones al patrimonio de los habitantes de la región.
Fuente: Latinus