La organización Artículo 19 emitió una alerta por amenazas de muerte y delitos contra periodistas de Guerrero, principalmente en Iguala, ante las omisiones de las autoridades estatales.
En un comunicado, la organización denunció que “las autoridades locales han sido evidenciadas ante el posible contubernio con múltiples grupos de la delincuencia organizada, que pululan por los destellos de la macrocriminalidad, en donde Iguala de la Independencia, ocupa una arista del entramado delincuencial que abarca los tres niveles del gobierno”.
Detalló que periodistas de ese municipio —donde fueron asesinados y desaparecidos de manera forzada los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014— recibieron amenazas de muerte desde los perfiles de la red social Facebook “Guerrero Libre de CDS tlacos” y “Empresas Unidas de Guerrero”.
El pasado 12 de junio, se publicó una amenaza en contra de varios reporteros, “en el contexto de ingobernabilidad expuesto por periodistas, defensores de derechos humanos, inclusive varios políticos”; la última, se registró el pasado 9 de agosto, cuando nuevamente se enlistó a periodistas de Iguala.
“Lo inaudito y crudo es que las amenazasvan adjuntas algunas fotografías, capturas de pantalla y mensajes intimidantes en cualquier horario y colocan supuestamente su ubicación”; además, se dieron luego de que periodistas publicaron información e investigaciones sobre el desempeño de las autoridades locales, como obras y actividades públicas.
“Esto ha sido una constante durante tres años, en donde la estela de resultados fue periodistas desplazados, quienes en la actualidad siguen siendo amenazadosmediante las redes sociales”.
Para Artículo 19, “el grado de riesgo para realizar el trabajo periodístico en el estado de Guerrero provoca que se corra el riesgo de tener zonas de silencio, ante el desplazamiento inminente, por el hostigamiento de la delincuencia organizada, las ausencias de las autoridades y la corrupción”.
Entre enero y julio de este año, la organización registró 14 agresiones a periodistas y el asesinato de los reporteros Pablo Salgado y Nelson Matus, y acusaron que las autoridades “evidentemente se muestran inoperantes”.
“De los 104 hechos de agresión a periodistas documentados en los últimos tres años, no se han dado a conocer mayores datos, al menos de los más recientes, sobre la localización de los agresores, además hay un 100% de impunidad en los casos de periodistas desaparecidos”, resaltó.
“La grave situación de inseguridad y derroche de publicidad en las pre elecciones, establece una agenda política, dentro de la cual no hay manera eficaz de transparentar los gastos de precandidatosy sus seguidores, dejando un amplio margen para el derroche de recursos económicos que interpelan intereses de las cúpulas caciquiles del estado de Guerrero, lo que desgraciadamente es un detrimento para el gremio periodístico, ante el ejercicio de su labor”.
Ante este panorama, Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la Repúblicacoordinarse para efectuar las investigaciones expeditas y diligentes de las amenazas que recibieron los periodistas; al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contactar a las víctimas “lo más pronto posible, para agendar una cita y continuar con la evaluación de riesgos que tienen pendiente”.
Finalmente, demandó al gobierno de Guerrero, que encabeza la morenista Evelyn Salgado Pineda, realizar “las acciones correspondientes para atender a las víctimas, así como cumplir cabalmente con la responsabilidad que le confieren las leyes locales, nacionales y tratados internacionales”.
Fuente: Latinus
