Los crecientes conflictos armados, homicidios y desapariciones en el estado de Chiapas, confrontaron a ONG ‘s y activistas que denuncian un “clima de guerra” con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha afirmado que la región está en paz.
“Chiapas vive un escenario de guerra y el gobierno mexicano es muy irresponsable al minimizar toda esta violencia aguda que se está viviendo, paralizando la paz en la población”, expresó en entrevista con la agencia EFE Carlos Ogaz, responsable del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Agregó que el estado “vive una guerra posibilitada por la impunidad, por la inacción, omisión del gobierno mexicano ante esta problemática y eso hace que vaya en aumento y no se vean acciones estratégicas para garantizar la vida y la seguridad de la población”, agregó el investigador.
Mientras que la organización Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq señaló que les asombra la negación del gobierno mexicano ante esta guerra donde grupos paramilitares y del crimen organizado están atacando a la población civil de la zona fronteriza México- Guatemala; selva, pueblos indígenas mayas.
“Todos esos crímenes los vemos en comunidades zapatistas, no zapatistas, existen constantes ataques armados, la población no puede vivir una vida normal, todos saben que existe el tráfico de drogas, de personas, de armas y por eso resulta increíble que exista una negación y que digan que aquí no pasa nada”, expuso Mariela Vázquez, integrante de Ajmaq.
“Es una guerra civil, ni siquiera mal gobierno o gobierno incompetente, sino que es algo que ya no está, no escuchan, no ven y no dicen nada; hay un desgobierno, entonces el Estado y el crimen organizado están entretejidos y está afectando la dinámica local”, dijo a EFE Diana Itzu, también miembro de Ajmaq.
Múltiples problemas
En el estado de Chiapas, la población está integrada mayormente por grupos indígenas mayas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales, entre otros, quienes padecen la creciente violencia aunque el gobierno federal insiste en que hay paz en la región.
En la región, además de un conflicto armado, se aloja violencia que ejercen grupos paramilitares, mientras la delincuencia organizada que se disputa el territorio y grupos armados se han apoderado de varios pueblos originarios.
A ellos se agrega problemas que enfrentan los defensores de derechos humanos, disputas por las tierras, miles de desplazados por violencia y crimen organizado, desaparecidos, creciente violencia feminicida y presos políticos.
También pobladores de la zona fronteriza han denunciado el desplazamiento forzado de miles de familias de comunidades, ranchos ganaderos y cafetaleros.
Además, los ataques a las comunidades que se identifican con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no cesan y el municipio de Pantelhó está en conflicto con dos grupos que se autodenominan autodefensas, lo que ha resultado en 12 personas asesinadas.
Apenas hace dos semanas, un grupo de criminales secuestró a 16 agentes de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas.
Pero aunque activistas y habitantes han advertido de un “clima de guerra” en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en una visita el 23 de junio que “en general hay paz y tranquilidad”.
El presidente no reconoce crisis
Precisamente la organización Melel Xojobal calificó como lamentable que la violencia armada que se vive en Chiapas afecte a niños, niñas, adolescentes y población en general y que no sea atendida ni reconocida en la dimensión y gravedad que tiene por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Esa posición de no reconocer la problemática y querer tapar el sol con un dedo, no contribuye, ni previene, ni atiende lo que está viviendo la población y ni las violencias que están impactando”, dijo Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal.
Recordó que la única respuesta del presidente ha sido incrementar la presencia de fuerzas armadas en la región.
La activista indicó que desde el 2022 se registró el incremento de niños y jóvenes muertos por algún proyectil o artefacto de fuego de alto calibre en los municipios de Frontera Comala, San Cristóbal, Pantelhó, Aldama, Chenalhó y Margaritas.
La aparición de un nuevo grupo armado autonombrado Ejército Civil en el municipio de Pantelhó, el 1 de julio, y la guerra que ha activado con el grupo de autodefensa El Machete, ha obligado a las autoridades municipales a negociar para llegar a la paz, pero ha sido inútil.
Según los reportes, casi todos los días están en confrontación el Ejército Civil, financiado por un grupo delincuencial reconocido como los Herreras, contra las autodefensas “El Machete”, a pesar de que el Ejército mexicano tiene presencia en la zona.
“Nosotros le decimos al presidente López Obrador que somos testigos de lo que está pasando en Chiapas, hay enfrentamientos, grupos armados, un mayor tráfico de armas, entonces, si no está pasando nada, ¿por qué hay desapariciones y desplazamientos forzados?”, dijo a EFE Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación Civil Internacional de defensores de DD.HH.
Los defensores de derechos humanos y activistas en resistencia temen que durante los próximos procesos electorales la violencia se desborde ante el nuevo poder político, grupos delincuenciales y paramilitares que se vive en la región.