Menos de 24 horas después de la entrada en vigor de la controvertida Ley DeSantis en Florida, cinco organizaciones anunciaron el inicio de una batalla legal para neutralizar la ley con una demanda federal, argumentando que es discriminatoria contra los migrantes, extralimita los poderes del estado y viola los derechos civiles de la minoría hispana.
El Southern Poverty Law Center (SPLC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council, que han tenido éxito en neutralizar otras legislaciones discriminatorias y lograr que sean declaradas inconstitucionales, puntualizan que la demanda tendrá como acusado por nombre al gobernador de Florida, Ron DeSantis.
“La SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia. El poder único y exclusivo para regular la política de inmigración es otorgado por la Constitución de los Estados Unidos al gobierno federal, no a los estados. El intento del gobernador DeSantis de crear un sistema de aplicación de la ley de inmigración separado y rival administrado por el estado de Florida impide la capacidad del gobierno federal para hacer su trabajo”, argumentó Paul R. Chávez, abogado supervisor del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del SPLC.
En 2010, una batalla legal similar contra la igualmente polémica ley SB 1070 de Arizona, promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer, logró que dos años más tarde la Suprema Corte de Justicia declarara la mayor parte de la legislación inconstitucional.
En el caso de la SB 1718, debido a que la jurisprudencia de Estados Unidos permite sólo las demandas cuando impactan a personas específicas, la demanda será presentada a nombre de varios hispanos afectados y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes.
El alegato central de los demandantes es que la Ley DeSantis viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, no sólo de inmigrantes, sino incluso residentes o ciudadanos estadounidenses de origen hispano que pueden ser víctimas por su perfil étnico o racial.
“Esta ley ya está infligiendo daños a largo plazo al estado en aras de ganancias partidistas (de DeSantis) en el corto plazo. Nos apoyaremos en la Constitución para reafirmar los derechos de nuestras comunidades”,señala en alusión a que el gobernador usa la ley como carta de presentación ante la militancia republicana, en su competencia con Donald Trump por la nominación presidencial de ese partido.
¿Qué establece la ley SB 1718?
La SB 1718 modifica el delito de contrabando de personas para establecer que una persona comete un delito grave cuando transporta a este estado a indocumentado, por lo cual se puede llegar a enfrentar una cadena de 15 años de cárcel y 15 mil dólares de multa, dependiente de agravantes como el número de indocumentados o su edad.
También obliga a los empleadores privados con 25 o más empleados a usar el sistema E-Verify para los nuevos empleados, con lo cual criminaliza a los patrones que contraten a trabajadores indocumentados a través de la amenaza de la suspensión de sus licencias y multas de mil dólares diarios.
Al mismo tiempo crea el requisito de que los servicios de salud, incluidos hospitales y salas de emergencia, exijan la demostración de estatus legal antes de proveer servicios médicos.
Los demandantes sostienen en ese sentido que el “efecto punitivo” de la SB 1070 ‘erosionará la seguridad y la salud pública, empujando a millones de familias de estatus mixto a las sombras y propiciando su explotación”.
“Cuando las personas temen denunciar delitos o buscar tratamiento médico, esto nos afecta a todos. Estamos comprometidos con garantizar que los inmigrantes sean tratados de manera justa, equitativa y con dignidad”, señala Chavez, del SPLC.
