La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución que impedirán que agresores de mujeres y deudores de pensiones alimenticias accedan a cargos públicos.

Con 455 votos a favor y 25 abstenciones del PT, el Pleno avaló cambios a los artículos 38 y 102 de la Constitución, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.

El decreto va dirigido a políticos y funcionarios públicos de todos los Poderes de la Unión y de los gobiernos federal, estatales y municipales, e impedirá que personas deudoras de pensiones alimenticias, acosadores sexuales y a quienes han sido violentos contra las mujeres sean candidatos a puestos de elección y a cargos públicos.

Impulsada principalmente por diputadas de todos los grupos parlamentarios, la iniciativa ha sido llamada también como la ‘ley 3 de 3′ y busca combatir la violencia en contra de las mujeres.

El dictamen fue turnado al Senado de la República para su discusión y votación.

Al presentar el dictamen en tribuna por la diputada de Morena Lidia García Anaya, expuso que “en este dictamen encontramos un gran consenso, derivado de amplios esfuerzos por conciliar posturas y visiones diversas, las cuales encontraron eco en los parlamentos abiertos y mesas de expertos, que generaron un compromiso plural que se refleja en este trabajo legislativo”.

“Recordemos que desde el año 2021 la iniciativa 3 de 3 en contra de la violencia fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año, cuyo objetivo era otorgar garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género”, indicó.

Solo Gerardo Fernández Noroña, diputado y vicecoordinador del PT, presentó una moción suspensiva para que se retirara el dictamen porque “se acusa de todo y de manera injusta” a todos los presuntos responsables de algunas de estas faltas, y propuso que se precisaran las sanciones. Su propuesta fue rechazada.

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