La llamada “cláusula de la vida eterna” para que partidos grandes puedan transferirle votos a partidos pequeños y que se votará en el Senado la próxima semana es fraude electoral legal, acusó Damián Zepeda, integrante de la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República.
“¿Qué se está planteando? Desparecer la posibilidad de hacer fraude electoral legal. Porque lo que querían era transferencia de votos, la ‘cláusula de la vida eterna’, regalarle votos a partidos chiquitos. Fíjate nada más que se pudieran poner de acuerdo Morena con el Verde y el PT y en un convenio decir ‘a mí no me importa cuántos votos te den, yo digo aquí que a ti te corresponde tanto por ciento de votos'”, dijo Damián Zepeda en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Esto le costaría dinero al erario y por lo tanto a los ciudadanos, agregó el senador.
Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado convocaron a sus integrantes a sesionar el próximo martes para discutir las modificaciones hechas en Diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la llamada “cláusula de la vida eterna”, por la que los partidos grandes podrían trasladarle votos a los partidos pequeños con los que tengan una coalición.
Damián Zepeda aclaró que el plan B ya se votó y se aprobó, a pesar de los votos en contra de la oposición, excepto por el artículo 12, y que lo único que está pendiente es que se publique; advirtió que en cuanto se publique, la oposición la impugnará.
“Desgraciadamente, aprobada. ¿Y ya qué nos queda? Impugnar ante la Corte. Aquí sí, le quiero recalcar, es muy importante que las manifestaciones que se han estado dando y las que vienen en puerta estén dirigidas a la Corte, porque la Corte es la que va a tener en sus manos la decisión de declarar inconstitucional esta reforma”, señaló Damián Zepeda.
El senador Zepeda recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador también estuvo en desacuerdo con este punto del plan B de reforma electoral.
Damián Zepeda aclaró que el plan B incluyó la reforma a cinco leyes con cuatro problemas: la reducción del personal del INE; el cambio de conceptos de “propaganda electoral”; que el INE y el Tribunal no puedan sancionar violaciones graves y la cláusula de la vida eterna.
“Todas están pendientes, salvo la de la propaganda gubernamental, que ya la impugnamos. Las demás se van a impugnar en cuento se mande a publicar y ahora sí, la Corte tendrá que decidir”, explicó Damián Zepeda.
Asimismo, Zepeda advirtió que preocupa el tiempo que se tarde la Corte en resolver las impugnaciones porque en otros casos se ha tardado entre dos y cinco años, como lo relativo a la militarización, fideicomisos, marina mercante, prisión preventiva oficiosa o derechos de audiencia.
