La Procuraduría General de Justicia de Sonora empezó las investigaciones para hallar a los presuntos responsables de las “desapariciones administrativas”, un fenómeno que impedía a los familiares de las víctimas de desaparición forzada en Sonora conocer su destino a pesar de que las autoridades tenían los restos bajo su conocimiento y jurisdicción.
Karina Barraza, integrante del Border Hub, descubrió que personal de la Fiscalía de Sonora ya tenía identificados los restos de víctimas de desaparición forzada pero los devolvían a las fosas comunes sin informar a las familias.
El reportaje “Desapariciones administrativas, el otro calvario en la crisis forense en Sonora“, publicado el 30 de abril de 2022, relató que en menos de dos años, se enviaron a fosas comunes de cementerios públicos de Sonora 2 mil 235 cuerpos o restos óseos; 952 en 2020; y de enero a noviembre de 2021, mil 283.
Luego de la publicación del reportaje de Karina Barraza, la Iniciativa Sinaloa, una organización especializada en transparencia y litigio estratégico, asociada con el Border Hub, presentó una demanda por violaciones graves a las leyes administrativas el 30 de agosto del mismo año.
Conminada por una petición de información, vía el Sistema Nacional de Transparencia, la Procuraduría informó a la Iniciativa Sinaloa que la dependencia había abierto una investigación para determinar responsabilidades en el caso y que el proceso abierto se encontraba en la etapa de presentación de pruebas.
Como se recordará, el 30 de agosto de 2022, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, IS lanzó la campaña #Actúa por Lxs Desaparecidxs, en la cual se presentó denuncia de tipo administrativo en contra de funcionarios de la Fiscalía, debido a que estos habrían violentado derechos de familiares de víctimas, además de hacer un uso indebido de la información a su cargo.
Lo anterior porque, a pesar de contar con restos de personas desaparecidas bajo su resguardo en fosas comunes o en el Servicio Médico Forense, no informaron a familiares sobre su identificación o hallazgo, ocasionando que la búsqueda de estas personas se prolongara hasta por cuatro años al igual que el sufrimiento de las familias.
Los hallazgos se derivaron del reportaje Desapariciones administrativas, el otro calvario de la crisis forense en Sonora, el cual pudo documentar que, en menos de dos años, se enviaron a fosas comunes de cementerios públicos de Sonora 2 mil 235 cuerpos o restos óseos; 952 en 2020; y de enero a noviembre de 2021, mil 283.
