La corrupción por parte de servidores públicos en México sigue siendo un problema latente en varias ciudades del país. Así lo expresa la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que se encarga de estudiar las percepciones de seguridad, corrupción de funcionarios como policías, robo, extorsión y violencia sexual.
Tan solo de julio a diciembre de 2022, se estima que el 13.4 por ciento de la población mayor de 18 años tuvo contacto con autoridades de seguridad pública, es decir, agentes de las distintas policías, por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas.
Del total, más del 44 por ciento refirió haber vivido al menos un acto de corrupción con este tipo de autoridades. El Inegi señala que con respecto a los datos levantados en 2020-2021, “sí hubo un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior” a la baja.
Las ciudades con más corrupción de autoridades
Para tener una percepción nacional en la encuesta se consultaron 75 ciudades, incluyendo las 16 demarcaciones de la Ciudad de México y las 32 entidades federativas. Con ello se llegó a la conclusión de que las ciudades donde hubo más incidentes corruptos relacionados con policías fueron:
- Uruapan (Michoacán) 72.8%
- Xochimilco (Ciudad de México) 71.6%
- Chimalhuacán (Estado de México) 71.4%
- Cuernavaca (Morelos) 67.8%
- Ciudad Obregón (Sonora) 66.6%
- Tonalá (Jalisco) 66.5%
- Naucalpan (Estado de México) 66.1%
- Toluca (Estado de México) 65.4%
- Tlaquepaque (Jalisco) 65.0%
- Tapachula (Chiapas) 64.3%
- Magdalena Contreras (Ciudad de México) 63.9%
- Oaxaca (Oaxaca) 60.3%
- Lázaro Cárdenas (Michoacán) 60.0%
- Laredo (Tamaulipas) 59.9%
- Laguna (Coahuila) 57.1%
El Inegi dio a conocer que para diciembre de 2022, el 57.1 población de la población mexicana consideraba a la corrupción como uno de los problemas más importantes a resolver, antecedido por la inseguridad y delincuencia.
En cuanto corrupción en trámites y servicios, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 señaló que un 14.7 por ciento de la población con más de 18 años fue víctima de un acto de este tipo al solicitar trámites o servicios públicos, una disminución desde 2019, pero con una prevalencia continua por arriba de los datos de 2015.
