Daniel Hidalgo Hurtado, extitular de la televisora de Sonora Telemax; y Luz María Orozco Quiroz, exdirectora General de Comunicación Social de la Sedatu, fueron vinculados a proceso por una supuesta contratación indebida en el caso de la Estafa Maestra.
De acuerdo con el diario Reforma, la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) está relacionada con el convenio general de colaboración suscrito el 19 de abril de 2016, por 311.8 millones de pesos.
En mayo de 2021, la Contraloría de Sonora inhabilitó a Hidalgo Hurtado por 10 años. El motivo de la sanción fue porque Telemax firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en abril de 2016 para realizarle una serie de servicios.
Sin embargo, Telemax subcontrató con el 98.5% del dinero que recibió de la Sedatu a empresas terceras, lo cual supondría una violación al artículo primero de la ley federal de adquisiciones, que estipula que solo se podría subcontratar hasta el 49%.
Según la investigación, 4 de las 9 empresas subcontratadas por Telemax transfirieron 244.3 millones de pesos, casi la totalidad de los recursos recibidos, a otras 17 compañías, sin que existiera contrato o constancia que justificara esas operaciones.
Luz María Orozco Quiroz fue quien firmó como responsable dichos contratos.
La Estafa Maestra
La Estafa Maestra es la investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que reveló que 11 dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios como comprar despensas, perforación de pozos petroleros o creación de software.
Las universidades a su vez subcontrataron a 186 empresas, pero resultaron ser fantasma, por lo que el dinero público desapareció.
Aunque el mecanismo involucró a un centenar de funcionarios y ocurrió en dependencias como Pemex, encabezada por Emilio Lozoya; Banobras, con Alfredo del Mazo, o la Sagarpa, con Enrique Martínez y Martínez, Rosario Robles, extitular de la Sedatu, fue la única exsecretaria de Estado acusada por el caso.
Robles pasó tres años en prisión preventiva justificada y nunca se le llevó a cabo un juicio; salió de Santa Martha el 20 de agosto de este año.
Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que La Estafa Maestra sería investigada como “crimen organizado” y la indagatoria llegaría a todos niveles.
Sin embargo, hasta el momento la investigación se ha limitado a juicios individuales en contra de funcionarios menores, y sin acusar a ningún otro de los exsecretarios de Estado.
