Durante la etapa de la adolescencia, los menores inician un proceso de desarrollo, cambios psicológicos y sociales de la mano con la construcción de su identidad. La falta de supervisión de los padres o tutores, junto con los cambios de conducta, las nuevas experiencias y la influencia social y sus condiciones, en ocasiones los lleva a cometer o participar en hechos delictivos.
Tan solo en 2021, 251 menores fueron internados en centros especializados en Sonora por la comisión de 309 delitos, especialmente relacionados con narcomenudeo en primera instancia; robo a casa habitación en segundo lugar y robo a transeúnte en tercero.
También, según el registro, por 27 homicidios; 3 casos de secuestro; 3 más de privación ilegal de la libertad, y 3 feminicidios.
En el caso de las y los adolescentes en conflicto con la ley, se debe considerar la reclusión como último recurso según la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, el internamiento sucede en algunos casos.
Por eso, es primordial reconocer un marco jurídico que les garantice asistencia social, cuidados y protección integral necesaria respecto a su educación; formación profesional; salud, entre otros aspectos, para una futura reinserción social que les permita desempeñar un papel constructivo y productivo en la sociedad.
Algunos datos:
Del total de menores internos en 2021, 6 no contaban con ningún nivel de escolaridad y 56 habían terminado apenas preescolar o primaria. Por otra parte, prácticamente la mitad, 123 de ellos, tenían terminada la secundaria; y otros 66 hasta preparatoria.
Lamentablemente hay algo para lo que el nivel de escolaridad no hace diferencias, es el riesgo ante la exposición de sustancias psicoactivas, y en este renglón se registró que 7 de cada 10 adolescentes internados tenían adicción a algún tipo de droga. La gran mayoría, más del 95% hombres.
Aquí es donde entonces, debemos poner el foco y toda la atención. 41 de estos adolescentes eran adictos a la mariguana; 37 al tabaco; 24 al alcohol; 15 al crack o piedra; 15 a la cocaína; 5 a inhalables; 4 al opio o heroína; y 4 más a alucinógenos.
Con este reporte, los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en Sonora buscan promover el compromiso con la legalidad y las normas sociales y la mejora de condiciones que nos permitan vivir mejor en una sociedad más segura para las presentes y futuras generaciones.
De acuerdo con un comunicado, las tareas pendientes que dichos Comités consideran que se tienen pendientes como sociedad en la atención y acompañamiento de nuestros adolescentes en conflicto con la ley son:
- Diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas de prevención más efectivas dirigidas a adolescentes y madres y padres de familia, que ayuden a identificar las causas estructurales, factores de riesgo y conductas perjudiciales vinculadas a la comisión de delitos.
- Impulsar políticas públicas que contribuyan al cumplimiento efectivo de los derechos de las y los adolescentes internados en los centros especializados; y a la búsqueda de recursos suficientes para el efectivo funcionamiento de los mismos, con el fin de garantizar el pleno desarrollo de capacidades y la reintegración social y familiar.
- Contar con información pública confiable, periódica y de calidad por parte del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA), que permita generar diagnósticos, monitoreo y evaluación de los programas de reinserción social, así como de la cuantificación de la reincidencia y la reinserción en el estado.
- Implementar un modelo de seguimiento para las y los adolescentes que han pasado por los centros especializados de tratamiento o internamiento, es fundamental para conocer los efectos que los programas de reinserción social tuvieron en ellos, y así encontrar mejores fórmulas para la reinserción social y prevención de reincidencia.
