A menos de dos años de la jornada electoral de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral con la que buscará instaurar una democracia limpia y que nunca más haya fraudes, aseguró.
Para ello, su propuesta contempla que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, así como desaparecer a los llamados legisladores plurinominales. La que será la segunda iniciativa de reforma de la 65 legislatura contempla 18 modificaciones a la Constitución y a siete transitorios, por lo que para su aprobación Morena necesitará dialogar y convencer a legisladores de oposición.
¿Qué busca la reforma electoral 2022?
Cada sexenio el presidente en turno suele impulsar una reforma electoral para perfeccionar el sistema político. Con Andrés Manuel López Obrador no es la excepción. El mandatario mexicano ha asegurado que busca que con su iniciativa se acaben los fraudes de los que incluso, ha dicho, él padeció. Su intención de modificar el marco electoral, también busca abaratar el costo de la democracia, por lo que de aprobarse los cambios que propone su iniciativa se podrían lograr ahorros por más de 20,000 millones, dijo este jueves en su conferencia de prensa.
Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC): Será el único órgano electoral encargado de organizar las elecciones en los estados y a nivel federal. Mantendría su independencia garantizando los principios rectores de la función electoral.
Elección de consejeros: el INEC estará integrado por siete consejeros y no por 11 como actualmente es con el INE. La Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo Federal propondrán una lista de perfiles de la que se elegirán a los consejeros a través el voto popular. El mismo procedimiento aplicará para la integración de la Sala Superior del TEPJF.
Desaparición de los OPLEs y Tribunales Electorales Locales: Para abaratar el costo de los órganos electorales, la iniciativa propone que el INEC sea el único encargado de la organización de las elecciones para lo cual absorbería las funciones de los Organismos Públicos Locales. “ Organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal”. El argumento es que año con año crece el dinero público que se destina a la operación del sistema político mexicano. Ejemplifica que en 1999 se asignó un presupuesto de 13,400 millones de pesos, mientras que para 2018 el presupuesto fue de 68,300 millones de pesos, es decir un crecimiento de 409% en menos de 20 años.
Eliminación de plurinominales: La propuesta también incluye la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores que obtienen una curul por la vía de representación proporcional, los conocidos como plurinominales. “La elección por listas obligaría a las personas candidatas a hacer campaña territorial, contrario a lo que ocurre con las actuales cinco listas de las circunscripciones plurinominales. Al votarse en cada entidad, las listas estarían integradas por personas nacidas en la entidad federativa o por residentes con antigüedad domiciliaria mínima de un año”, explica en la iniciativa. Sin embargo, para el exconsejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, lo que se propone es al revés, según publicó en un hilo de Twitter.
Cambio en el modelo para elegir legisladores: También se propone modificaciones para la forma en que se eligen a los legisladores federales. Actualmente se elige una diputación por cada 252,000 habitantes, pero la propuesta es que se elija a un representante por cada 420,000 habitantes, mientras que en el caso de senadores se pasaría de elegir a un senador por cada 984,375 habitantes a cada millón 312,500 habitantes.
Voto electrónico: La propuesta plantea aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación ciudadana en los procesos electorales. Reconoce que México cuenta con “asidero legal apenas suficiente para recibir votos de manera digital” y así lo ha demostrado entidades como Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.
Reducción de integrantes de Congresos locales: A nivel estatal también se plantea que se establezca un criterio poblacional para la definición del número diputados de sus congresos locales. “No podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas, y por cada 500,000 habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputadas y diputados”, se lee en la iniciativa.
Reducción a financiamiento público: Al argumentar que la millonaria cantidad que se entrega a los partidos políticos indigna a los mexicanos, se propone eliminar el financiamiento público ordinario a partidos políticos. Actualmente el Estado mexicano destina alrededor de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos cada año. Por ello la reforma propone que los gastos ordinarios de los partidos se financien a través de aportaciones de sus simpatizantes y militantes. “El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas. El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral”.
Bajar umbral para validar revocación de mandato: También se propone que para que el resultado de una consulta de revocación de mandato sea vinculante para las autoridades baste con que participe el 33% de la lista nominal y no el 40%.
Propaganda gubernamental: Se propone ampliar las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.
Tiempos en Radio y Televisión: También se plantea un cambio modelo de comunicación política en el que desde el inicio del proceso electoral y hasta la celebración de la jornada electoral, se destinarán 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Se asignará el 90% a los primeros y el 10% al Instituto para la difusión de mensajes informativos relacionados con la contienda electoral.