El diputado Ernesto “El Pato” De Lucas Hopkins a nombre de la Bancada Naranja, presentó propuesta de decreto para adicionar diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como a la Ley de Seguridad Pública de la entidad, con el objetivo de que se otorgue pensión por viudez u orfandad del 100% a beneficiarios de algún integrante de las instituciones de Seguridad Pública, del cuerpo de Bomberos y de la Unidad Estatal o Municipal de Protección Civil fallecidos en cumplimiento de su deber.
En dicha propuesta se solicita incluir, igualmente, el otorgamiento de becas permanentes a los hijos de los mismos, para garantizar sus estudios hasta la educación superior.
Ernesto de Lucas dió a conocer que: “De acuerdo con las cifras proporcionadas por la organización Causa en Común, revelan que desde el 2018 a la fecha se han registrado en el país mil 556 elementos ejecutados a manos del crimen organizado; de este total 81 casos son de Sonora, lo que posiciona a la entidad en el quinto lugar con más alto índice de elementos caídos; mientras que, en este año 2022, el estado ya registra una cifra alrededor once elementos”.
La seguridad pública, es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia.
De igual manera establece que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala.
Lamentablemente, todos hemos visto que la violencia en nuestro país ha ido en aumento, o en el mejor de los casos, dirán los optimistas, se han sostenido los índices los cuales siguen siendo elevados.
Ante ello, se deben fortalecer las policías locales, ellos son los primeros respondientes ante la ciudadanía y lamentablemente la confianza para con ellos ha ido en descenso.
Un paso importante debe ser la dignificación de las condiciones laborales. Debemos otorgar las herramientas necesarias para que desempeñen su función como corresponde y, a la par, ofrecerles la seguridad y tranquilidad de que no están solos. Que el Estado respeta la dignidad humana de sus elementos y se preocupa por ellos y por tanto busca su tranquilidad laboral y la de sus familias.
Queremos que los miembros de las corporaciones policiales, vean el trabajo de policía como una verdadera opción profesional y no nada mas como una opción de trabajo.
Hay que recordar que el propio gobernador Alfonso Durazo ha señalado que en Sonora hay un rezago de policías; lo cual ratificó el Secretario de la Marina al manifestar que en nuestra entidad hay un déficit de 40% en policías municipales y estatales, lo cual, entre otras cosas hace que se incremente la carga de trabajo.
No debemos olvidar que los elementos encargados de velar por nuestra seguridad, ejercen una profesión riesgosa y que también son cabeza de familia; debemos garantizar tanto a los elementos policiales como a sus familias que de enfrentarse a una situación crítica en el que pierdan la vida, tendrán el respaldo del Gobierno. Esta medida permitirá ofrecer, al menos, una garantía económica. Fortalecerá también la convicción del elemento en servicio de la importancia de su labor en el combate contra el crimen.
Cabe señalar que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora establece que se otorgará pensión por muerte del trabajador, siempre que hubiere contribuido al Instituto por la menos diez años, estableciendo una tabla para calcular los años de servicio con el sueldo regulador.
Por tal motivo, con la presente iniciativa establece que, cuando se trate del fallecimiento de algún integrante, de las instituciones antes mencionadas, en cumplimiento de su deber, sus beneficiarios, sin importar el tiempo de cotización ante el Instituto, recibirán una pensión por viudez u orfandad del 100 por ciento de la remuneración que hubiese percibido al momento de que ocurra el deceso.
