El pasado sábado 24 de septiembre, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación para castigar al responsable de la filtración del informe del Caso Ayotzinapa sin testar que fue publicado por la periodista Peniley Ramírez. Esto es lo que sabemos al respecto.
La periodista publicó este sábado en su columna Linotipia parte de los hallazgos del informe del Caso Ayotzinapa del que obtuvo una copia sin testar, es decir, sin cubrir las partes sensibles que forman parte de la investigación.
De acuerdo con Peniley Ramírez, el informe le fue entregado por una fuente que obtuvo acceso al documento completo quien consideró que éste aportaba nuevas pistas sobre el caso y era vital que se investigaran.
“Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche”, dijo.
“Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo”, escribió la periodista en su columna en el diario Reforma.
La periodista explicó que el informe que esta basado, en buena parte, del análisis de los mensajes que se intercambiaron personajes claves en los hechos en las horas anteriores y posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Como resultado, se revela que los restos de los estudiantes fueron repartidos en diferentes puntos de Iguala, cinco de ellos fueron disueltos en ácido y que otros seis permanecieron vivos hasta el 30 de septiembre, ocultos en una bodega de Pueblo Viejo, una colonia en las afueras de Iguala. Aunque la Sedena recibió una denuncia ciudadana con su ubicación.
¿Investigarán a la periodista Peniley Ramírez por información filtrada?
Alejandro Encimas el subsecretario condenó la ‘lamentable filtración’ de la información entregada a la Fiscalía por la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, al considerar que perjudica la investigación y abre paso a la impunidad. Además, de ser una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos
Sin embargo, la investigación se iniciaría contra la persona que facilitó esta información a la periodista.
De tratarse de un funcionario público, la sanción podría ser de uno a cinco años de prisión, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, de acuerdo con el código penal.
