El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Arturo Zaldívar, anunció que se iniciará la revisión de todos los procesados con más de dos años de prisión preventiva, para que se justifique esa medida y, en su caso, sean puestos en libertad, como lo estableció un criterio del Máximo Tribunal.
Indicó que la medida beneficiará a todos los procesos que son atendidos por defensoras y defensores del Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF).
“Promoveremos para abrir incidentes en los cuales se revise la prisión preventiva de cualquier persona que tenga más de dos años en prisión.
“Y coadyuvaremos con el Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que se pueda hacer lo mismo en el caso de las mujeres de Santa Martha Acatitla”, indicó el ministro presidente de la Corte.
En la conferencia mensual que ofrece el ministro Zaldívar en la sede de la SCJN, se presentaron cinco medidas derivadas de su visita la semana pasada al penal femenil de la Ciudad de México.
La primera medida es la integración de 550 asuntos de las internas de ese centro, de los cuales personal de lDPF tomará la defensa de 200 casos.
“Tomaremos la defensa inmediata de 200 asuntos en que pensamos que, por las características, podemos lograr resultados favorables en beneficio de las mujeres”, explicó.
Además de la revisión de los casos con más de 2 años de prisión preventiva, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció que se emitirá un acuerdo para concentrar en dos o tres Juzgados de Distrito los amparos directos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada.
El objetivo, explicó, es integrar los elementos y las reglas que no están claros en la ley, de qué elementos deben tomar los jueces para que tomen esa medida.
La cuarta medida será seguir con el litigio estratégico de casos con el personal del IDPF, para los casos de defensa con perspectiva de género.
La quinta medida es el apoyo a las personas indígenas que están en prisión, por lo que se comenzarán a revisar casos en los estados de Oaxaca y Chiapas, en casos locales.
Caso Ayotzinapa
El presidente de la SCJN rechazó que el Poder Judicial (PJF) haya sido un obstáculo en los trabajos para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
“El PJF no ha sido obstáculo, en lo más mínimo, en el Caso Ayotzinapa, el Poder Judicial ha estado a lo largo del tiempo en varias reuniones en donde estuvieron los padres de los jóvenes desaparecidos y, con sus decisiones, está cumpliendo su responsabilidad”, afirmó el ministro Zaldívar.
El presidente del CJF indicó que si hay resoluciones de jueces que ordenan la libertad de los detenidos, es porque en algunos casos se acreditó que hubo violaciones al debido proceso, como tortura.
“Si hay sentencias de los jueces en el Caso Ayotzinapa, que le parecen a la Fiscalía que no son conformes a derecho, para eso hay recursos, pero lo que creo que no es correcto es denostar al PJF cuando una decisión no les parece adecuada”, afirmó.
Serie del Caníbal
En su conferencia el ministro presidente de la SCJN, Zaldívar, anunció y presentó un avance de una serie documental titulada “Caníbal, indignación total”, patrocinada por el órgano autónomo.
Aborda el caso de Andrés Mendoza, el llamado “Caníbal de Atizapán”, al que calificó como un asesino serial que cometió feminicidios por más de 30 años en el Estado de México.
El objetivo, explicó el ministro, es mostrar a la sociedad que personal del IDPF está asistiendo a familiares de las víctimas, debido a que no estaban recibiendo apoyo de ninguna autoridad para revisar la desaparición y feminicidio de mujeres.
