En las audiencias que se realizarán hoy y mañana ante un juez federal por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, Emilio Lozoya y Petróleos Mexicanos (Pemex) ofrecerán un arreglo provisional que permita suspender los procesos abiertos en contra del exfuncionario por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.
El arreglo, de acuerdo con lo confirmado por autoridades judiciales a Animal Político, consiste en el pago de poco más de 10 millones de dólares por concepto de reparación del daño en ambos casos, además de la devolución de cinco inmuebles, entre ellos, una residencia en Lomas de Bezares en la Ciudad de México y un departamento en Ixtapa, Zihuatanejo, que según las investigaciones fueron adquiridos con los supuestos sobornos que recibió por ambas compañías. De acuerdo con el diario Reforma, el arreglo ya fue aprobado por el Consejo de Administración de Pemex en marzo pasado.
En el caso del proceso de Odebrecht, la defensa de Lozoya ha continuado con las negociaciones para que se le conceda un criterio de oportunidad, debido a la colaboración que ha ofrecido, denunciando el presunto uso de sobornos de dicha compañía para fines como, por ejemplo, aprobar la reforma energética.
Este último punto tendrá que ser valorado por el juez, puesto que hasta diciembre pasado la Fiscalía General de la República (FGR) sostenía que lo aportado por Lozoya no alcanzaba aún para concederle el criterio de oportunidad. Sin embargo, las negociaciones han continuado.
La posibilidad de llegar a un acuerdo provocó que el juez Artemio Zúñiga adelantara la audiencia intermedia del caso Odebrecht, que estaba prevista originalmente para el 27 de abril, a este martes 12 de abril. Ahí se expondrán la posibilidad del arreglo, el posicionamiento de la FGR y la decisión del juez. Lo mismo ocurrirá hoy en el caso Agronitrogenados en la audiencia programada para las 10:00 de la mañana.
Las autoridades consultadas confirmaron que en ambos casos los arreglos estarán encaminados a la suspensión del proceso, pero no a su cancelación definitiva, que estaría sujeta a que se cumplan los requisitos preestablecidos.
Si no hubiera arreglo, la audiencia proseguirá con la presentación de las pruebas de cada una de las partes. El juez conducirá la sesión y los debates para acordar qué pruebas son válidas, cuáles no lo son y cuáles ya se dan por sentadas entre ambos lados para simplificar el procedimiento del eventual juicio.
Se trata de un procedimiento que expertos penalistas consultados por este medio consideran sumamente técnico pero vital, pues son solo las pruebas que el juez avala las que podrán ser usadas por las partes en el juicio, con la finalidad de sostener la teoría del caso de cada una de las partes. Esta fase podría extenderse por varias horas o incluso días, dependiendo de la complejidad de las pruebas que se presenten y de cuánto se extienda el debate en torno a las mismas.
De acuerdo con autoridades de la fiscalía, en la indagatoria se han logrado reunir más de 35 datos de prueba distintos, entre peritajes, testimonios y diversos documentos que probarían la participación de Lozoya en la recepción e inversión de los recursos canalizados por Altos Hornos.
Una vez concluido el debate de las pruebas, la audiencia intermedia concluiría con el dictado del juez Artemio Zúñiga del auto de apertura de juicio oral, que en términos simples es dar luz verde para que un tribunal de enjuiciamiento, con otro juez o jueces distintos, programe el juicio oral dentro de un plazo no mayor a dos meses.
Y luego Odebrecht
El mismo juez Zúñiga ha programado para las 9:00 de la mañana del martes 12 de abril el arranque de la audiencia intermedia de la causa penal 261/2019 que corresponde, en este caso, al tema Odebrecht. Originalmente, esta audiencia estaba programada para el 27 de abril, pero hubo un cambio de fechas.
En febrero, Animal Político publicó la acusación íntegra por escrito presentada por la FGR en este caso. El Ministerio Público concluyó que Lozoya fue el beneficiario final de poco más de 10 millones de dólares en sobornos pagados por la constructora brasileña y triangulados a través de empresas fantasma y familiares del exfuncionario. Para sostener su dicho, los fiscales han ofrecido 59 pruebas, entre ellas la posibilidad de que sean citados como testigos exdirectores de Odebrecht.
Como sanción, los fiscales han pedido al juez que se declare a Lozoya culpable de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, y ha pedido que se le imponga una pena de 46 años de prisión por dichos delitos, y se le obligue a pagar una multa de 87 millones de pesos y una reparación del daño de poco más de 6 millones de dólares.
Por este caso, la fiscalía también ha solicitado que Gilda Susana, la madre del exfuncionario, sea enjuiciada y sentenciada a 23 años de prisión, así como al pago de 263 mil pesos de multa.
El procedimiento será el ya descrito en la audiencia intermedia; se presentarán la acusación y el posicionamiento de la defensa y se deliberará frente a las pruebas de las dos partes. Una vez que eso quede listo, el juez ordenaría enviar el caso para la apertura del juicio oral.
De igual forma, se trata de la última posibilidad de Lozoya de alcanzar una vía alterna para evitar el juicio. Su defensa había apostado por la posibilidad de que la FGR le concediera lo que la ley define como criterio de oportunidad, que es un beneficio de suspensión o cierre de un proceso para la persona que confiesa y otorga pruebas de que se ha cometido un delito más grave que en el que él participó. En este caso en específico, Lozoya accedió a denunciar la existencia de una supuesta red de sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética, pero hasta ahora por esos dichos solo se ha vinculado a un exlegislador a proceso.
En una audiencia realizada en noviembre pasado, los fiscales adelantaron que esa información no alcanzaba, hasta ahora, para concederle dicho criterio al exdirector de Pemex, lo que obligaba al exfuncionario a entregar un mayor número de datos para sostener las múltiples acusaciones que ha realizado.
Juicios desde la cárcel
En caso de que no logre una salida alterna a sus procesos, Lozoya deberá permanecer en prisión preventiva en el Reclusorio Norte hasta que se desahoguen los juicios abiertos en su contra y se dicten las sentencias. Esto, bajo el argumento de que existe un riesgo real de que se dé a la fuga.
El viernes pasado, este medio publicó que un tribunal federal resolvió desechar su última apelación presentada en contra de la medida cautelar que se le impuso al exfuncionario federal desde noviembre de 2021. La magistrada Isabel Porras consideró que el juez responsable del caso valoró adecuadamente los argumentos presentados por la fiscalía para que se impusiera esta medida.
Aunque Lozoya fue extraditado desde junio de 2020, fue encarcelado hasta finales del año pasado. Durante casi año y medio permaneció en libertad pese a estar bajo proceso por ambos casos, gracias que a que la fiscalía no solicitó su encarcelamiento en atención a la colaboración que estaba brindando a las autoridades.
