La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó probables daños al erario por 63 mil 10 millones de pesos en la Cuenta Pública 2020, aunque 2 mil 176 millones se reportaron ya como recuperaciones operadas y quedan pendientes más de 60 mil 834 millones de pesos. Esas cifras corresponden a mil 616 auditorías practicadas al ejercicio de los recursos federales en 2020 y de las cuales se derivaron 5 mil 393 acciones y observaciones.
De acuerdo con el informe entregado ayer por el titular de la ASF, David Colmenares, a la Cámara de Diputados, al gasto federalizado ejercido por estados y municipios concentró el mayor volumen de observaciones por probable daño a la hacienda pública, con 41 mil 395 millones de pesos, de los cuales quedan pendientes de recuperar 39 mil 565 millones de pesos.
Entre las entidades destacan Ciudad de México, con 6 mil 235 millones de pesos; Oaxaca, con 4 mil 814 millones; Nayarit, con 3 mil 271 millones; Michoacán, con 3 mil 195 millones, y Guerrero, con 3 mil 9 millones. Le siguen Sonora, con 2 mil 477 millones; BCS, 2 mil 465 millones; Chihuahua, 2 mil 448 millones; BC, mil 146 millones; Tamaulipas, mil 128 millones; Sinaloa, mil 108 millones, y Campeche, con mil 79 millones de pesos. El resto de los gobiernos estatales mantiene montos de recuperaciones probables menores a mil millones de pesos, e incluso cantidades proporcionalmente mínimas como Aguascalientes, con 41 millones de pesos; Guanajuato, 45 millones, y Yucatán, 73 millones.
Según el informe, el órgano superior de fiscalización practicó a las 32 entidades mil 235 del total de mil 616 auditorías aplicadas al ejercicio presupuestal de 2020, lo cual, a juicio de los legisladores de la oposición, significó una distorsión imputable a la ASF. Por lo que hace a la administración pública federal, el sector Agricultura y Desarrollo Rural tiene observaciones por probable daño al erario de 9 mil millones de pesos, seguido de Salud, con 2 mil 750 millones, y empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), con mil 926 millones.
A su vez, el rubro de Aportaciones a Seguridad Social sumó mil 695 millones de pesos; Bienestar, mil 230 millones; Comunicaciones, mil 154 millones, y Educación, mil 83 millones más. La relación de ramos administrativos con probables daños incluye igualmente a Economía, con 704 millones; Hacienda, 305 millones, y Turismo, 267 millones.
Las entidades y el gobierno federal tienen 30 días de plazo para aclarar y, en su caso, solventar las observaciones de la ASF. Entre cuestionamientos de los legisladores de la oposición a su desempeño, el auditor superior David Colmenares entregó ayer a Cámara de Diputados el informe general y la tercera parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2020 con múltiples observaciones a los megaproyectos del gobierno federal y los recursos destinados a la atención de la pandemia de covid-19.
Al fijar la posición del grupo parlamentario del PAN, el diputado Iván Rodríguez remarcó que se requiere una Auditoría Superior fuerte, autónoma, imparcial y comprometida con su labor, no sometida al Poder Ejecutivo.
“Esperamos que el informe sea congruente con el cúmulo de excesos y arbitrariedades que se han cometido por parte de la administración federal, que quien cuente con la solvencia moral y ética para denunciar e investigar tantos excesos, que este informe no se lo hayan palomeado en Palacio y, sobre todo, que, si le levantan la voz nuevamente, no salga usted a decir en días posteriores que se equivocó otra vez”.
La diputada Ana Elizabeth Ayala, de Morena, expresó el respaldo de su bancada a la ASF y llamó a los legisladores de la oposición a ser responsables en su actuar y presentar los elementos técnicos suficientes de sus acusaciones, sin que sean solo posicionamientos políticos. “Habrá quienes traten de tergiversar o sacar beneficios políticos a corto plazo, allá ellos, porque encarnan dos sexenios de abusos y de abandono”.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el priista Pablo Angulo, anticipó que el grupo de trabajo a su cargo citará a comparecer a los funcionarios que presuntamente hayan incurrido en un mal uso de los recursos públicos federales, a fin de garantizar las acciones resarcitorias, denuncias penales y reparaciones que logren dejar intacto el patrimonio de la nación.
