La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) les dio un plazo de tres horas a la jefa de Gobierno, gobernadoras y gobernadores de Morena para que retiren el desplegado en el que anunciaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, por tratarse de propaganda prohibida.
El Partido Acción Nacional solicitó medidas cautelares en tutela preventiva contra la publicación de este comunicado difundido por la jefa de Gobierno y las gobernadoras y gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, en el que destacan logros del gobierno federal.
Las y el consejeros concedieron las medidas cautelares al confirmar que “se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de revocación de mandato en curso”.
Recordaron que el tiempo prohibido de propaganda gubernamental comenzó desde el 4 de febrero, cuando se emitió la convocatoria para la revocación de mandato y concluye después del 10 de abril cuando termine la jornada de votación.
En este comunicado, detallaron las y los funcionarios, buscan resaltar aspectos personales y la manera en que gobierna el Presidente de la República, teniendo como objetivo principal difundir sus logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales que están estrictamente prohibidos en este momento en la Constitución.
Por lo que acordaron ordenar a los titulares del Poder Ejecutivo local retirar en un periodo que no exceda las tres horas, de todas las plataformas y redes sociales en que fue difundida, esta publicación.
La orden es para quienes gobiernan por Morena, pero también para San Luis Potosí del Partido Verde Ecologista, que se sumó a este desplegado y Morelos, que llegó bajo las siglas del PES.
“Personas servidoras públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno, para que en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales; por una parte, para respetar la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten incluir en comunicaciones o mensajes oficiales durante el desarrollo del proceso de Revocación de Mandato y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana”.
La comisión descartó ordenarles que se abstengan de emitir más comentarios de este tipo por tratarse de hechos futuros de realización incierta pero emitieron un pronunciamiento para todas las y los servidores públicos para que se abstengan de violar las prohibiciones constitucionales.
Les recordaron que tienen un especial deber de cuidado en sus expresiones tanto de manera individual como conjunta, pues tienen deberes de imparcialidad y neutralidad.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, presidenta de la comisión de Quejas y Denuncias, y del consejero Ciro Murayama.
