Por incurrir en responsabilidad institucional al no prevenir, investigar, sancionar y reparar la continua afectación a los derechos al medio ambiente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Economía (SE), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y a los integrantes del ayuntamiento de La Colorada, en la misma entidad.
Según la CNDH, la Semarnat no evalúo de manera integral el Proyecto Unidad Minera La Colorada y en 2018 lo hizo solo de manera parcial, tampoco consideró los impactos acumulativos y sinérgicos de las actividades extractivas en el municipio en relación con la población y los factores ambientales y sociodemográficos.
En tanto, dijo, la Secretaría de Economía no atendió el principio de debida diligencia para llevar a cabo las inspecciones necesarias, en caso de tener conocimiento de posibles afectaciones a la legalidad, como ocurrió respecto de las actividades mineras dentro de La Colorada.
La Comisión también explicó que la Profepa atendió de manera deficiente las denuncias que se le presentaron en el caso de La Colorada; y el gobierno estatal de Sonora no emitió un Ordenamiento Ecológico Territorial, o bien un Plan Director de Desarrollo Urbano, instrumentos necesarios para la gestión de usos de los suelos y protección ambiental.
El gobierno municipal de La Colorada, denunció la CNDH, no elaboró, junto con el gobierno estatal, un Ordenamiento Ecológico Territorial o un Plan de Desarrollo Municipal que contemple la zonificación adecuada y con perspectiva de derechos humanos en el poblado; y es responsable del deficiente suministro del agua potable en esa zona, el cual no cumple con los criterios internacionales en materia de salud y derechos humanos.
Por ello, la Comisión pidió a la Semarnat, a la SE, a la Profepa y al gobierno de Sonora que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brinden la reparación integral a los habitantes del municipio de La Colorada afectados en sus derechos por las obras y actividades mineras, en los términos de la Ley General de Víctimas y de su similar estatal, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Además, que colaboren con la CNDH en las quejas que se presenten ante los órganos internos de control de las dependencias federales y con la denuncia que se presente en la Fiscalía General de la República contra las personas servidoras públicas responsables de las irregularidades administrativas que derivaron en las violaciones a los derechos humanos.
También que se imparta un taller de capacitación dirigido a personas servidoras públicas sobre la evaluación del impacto ambiental con el goce y ejercicio de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la salud y condiciones dignas de vivienda, además de contenidos específicos de acuerdo con las atribuciones de cada autoridad.
Al gobernador de Sonora y al ayuntamiento de La Colorada les solicitó realizar un diagnóstico sobre las viviendas afectadas y sobre el centro de población identificado como zona de riesgo, así como sobre la calidad del aire de la zona, con objeto de adoptar las medidas de atención, seguimiento y prevención que se consideren pertinentes.
