La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la estadounidense Sempra Infraestructura reanudarán la construcción y puesta en marcha del gasoducto Guaymas-El Oro, detenido desde el 2017 por las afectaciones denunciadas a la comunidad yaqui de Loma de Bacúm, con lo que se desviará el trazo original de esta ruta de transporte que ya tenía un costo de 400 millones de dólares al que se añadirá un mínimo de 105 millones de dólares.
La CFE y Sempra, encabezadas por Manuel Bartlett y Tania Ortiz Mena, respectivamente, firmaron también un acuerdo de entendimiento no vinculante para el desarrollo de otros proyectos, como lo son Vista Pacífico LNG, que será una terminal de licuefacción de Gas Natural en Topolobampo, Sinaloa, y una terminal de regasificación de gas natural licuado en La Paz, Baja California Sur.
Acerca de la reanudación de la operación del gasoducto Guaymas–El Oro, en Sonora, explicaron que se llevará a cabo a través de una propuesta de nueva ruta que deriva del entendimiento mutuo entre la comunidad Yaqui y la CFE, “privilegiando el diálogo y el respeto”.
Desde septiembre del año pasado se informó sobre este posible cambio de trazo para respetar las zonas consideradas sagradas o de alta importancia ecológica para la población yaqui, que cuenta con protección legal basada en su personalidad como pueblo originario, con lo que obtuvo un amparo indirecto para suspender la obra.
El nuevo tramo lo construirá la CFE y será de su propiedad, informó la estatal; y tendrá una extensión de entre 70 y 90 kilómetros.
“No queremos que ocurra lo que pasó en administraciones anteriores, que se violenten los derechos de las comunidades o tengan imposiciones”, dijo Miguel Reyes Hernández, director de CFE Internacional y CFEnergía”, “hay que destacar que las empresas están colaborando activamente y no se nos está cobrando el gas que todavía no nos entregan ni penalizaciones por caso de fuerza mayor”.
Y según sus cálculos, cada kilómetro de gasoducto, dependiendo de las condiciones del terreno, cuesta entre 1 y 1.5 millones de dólares, por lo que entre ambos tramos la CFE podría construir hasta 210 kilómetros y erogar hasta 315 millones de dólares.
“Con esta nueva ruta, la CFE podrá abastecer de gas natural a mercados industriales, comerciales y residenciales de los estados del Pacífico Mexicano, Baja California Sur, así como a la terminal de licuefacción de Topolobampo”, expuso la CFE que tras la reforma del 2013 se ha convertido en uno de los mayores comercializadores de gas natural en el país.
Gasoductos renegociados
Cabe recordar que este sistema de transporte de gas a través de gasoductos fue uno de los contratos denominados “leoninos” por la presente administración, los cuales ganaron la adjudicación en la administración pasada, pero fueron suspendidos por distintas causas y mantenían el cobro del servicio contratado al gobierno mexicano, según sus cláusulas de contratación.
En este proyecto en particular, en agosto de 2019, Sempra (que todavía era Infraestructura Energética Nova, IEnova, antes de la fusión de esta filial mexicana con su matriz) firmó un convenio de suspensión de plazos para el servicio transporte de gas natural del tramo Guaymas-El Oro, con lo cual evitó la terminación del contrato con la CFE e inició un proceso para que en cuatro meses arrancara operaciones el gasoducto, situación que se prolongó por la falta de negociaciones con la comunidad de la empresa.
Según Sempra, en el marco de las rondas de negociación convocadas por el gobierno federal relacionadas con los contratos de servicios de transporte de gas natural, que involucraron a siete gasoductos y cuatro empresas distintas, la filial Gasoducto de Aguaprieta accedió a continuar negociando con el fin de mantener la relación con la CFE.
El contrato con una duración de 25 años para el tramo de 330 kilómetros que involucró una inversión de 400 millones de dólares para el transporte de 510 millones de pies cúbicos al día, fue celebrado el 1 de noviembre del 2012 pero por actos de oposición y un amparo indirecto que impidieron la operación en 14 kilómetros del sistema por parte de la comunidad yaqui de Bacúm en Sonora, se interrumpió su operación desde el 22 de agosto de 2017.
