En el último mes los juzgadores federales han considerado al Estado mexicano como responsable de diversos casos de abuso sexual cometido en escuelas públicas de nivel preescolar.
En tres sentencias condenatorias, la justicia federal ha ordenado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomar acciones para garantizar que los delitos de abuso sexual organizado en preescolares públicos no vuelvan a suceder.
“El abuso sexual organizado se refiere a agresiones ejercidas por múltiples adultos en contra de numerosas víctimas, el tipo de violencia es extrema e inusual y los delitos se cometen a través de la captura de instituciones”, explicó la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) que celebró las sentencias emitidas por la justicia federal.
Recordó que en mayo de 2021 se publicó el informe “Es Un Secrecto” realizado por 10 figuras públicas y dicha Oficina de Defensoría en el que se documentaron 18 casos de violencia sexual extrema en escuelas de, por los menos, siete estados de la República.
“Desde su publicación, el Estado ha mantenido silencio mientras los casos incrementan. En la actualización del informe se registra que ahora son 20 casos en 10 estados del país”, reprochó la OSC.
Destacó que en las tres sentencias dictadas por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en la CDMX con sede en el Reclusorio Sur, el último mes la SEP fue condenada a establecer un día en el calendario escolar para trabajar con niños, niñas y adolescentes y personal docente sobre la violencia sexual en escuelas; garantizar que en la Ciudad de México todas las escuelas sean transparentes; hacer un reconocimiento de su actuar irregular y ofrecer una disculpa pública a las víctimas.
También ordenaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que junto con las familias víctimas y bajo la orientación de la ODI, elaboren materiales educativos para la prevención de violencia sexual en las escuelas y para mejorar el acceso a la justicia de la infancia víctima. Los materiales deberán ser distribuidos por la SEP.
La Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar la posible intervención o participación de otras personas, además de quienes ya han sido condenados, en los hechos delictivos.
“Obligan al Estado a romper el silencio que ha mantenido frente a la captura de sus escuelas por grupos de delincuencia, y a tomar acciones para garantizar la no repetición y la integridad de los niños y niñas bajo su cuidado” señaló la ODI.
El pasado 10 de enero la FGR dio a conocer la sentencia impuesta por el tribunal de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur en contra de Ramón “M” por abusar sexualmente de 17 menores de edad que estudiaban en el kínder Marcelino de Champagnat.
Por pederastia, violación equiparada, abuso sexual y pederastia en grado de tentativa (todos agravados) en agravio de los 17 niños, el sentenciado recibió una pena de 494 años y nueve meses de prisión.
