La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó su rechazo a una sentencia que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se ordenó a los programas de radio y televisión distinguir claramente entre información y opinión.
“La CIRT y los comunicadores de sus más de mil 400 estaciones de radio y televisión afiliadas refrendan su compromiso con la audiencia de que darán la batalla para no ser censurados y que haremos uso de todos los recursos legales que la ley nos concede para continuar ofreciendo a la audiencia mexicana contenidos de calidad, ágiles, entretenidos, comprometidos con la verdad y, antes que cualquier cosa: emitidos con total libertad y sin controles del Estado”, informó por medio de un comunicado.
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— Radio y Televisión Mexicanas (@cirtmx) January 21, 2022
El organismo tachó la decisión como un “ataque directo e inusitado” a la libertad de expresión en México.
“Se trata de una obligación de imposible cumplimiento en la realidad y que va en contra del más elemental sentido común. (…) Es absurdo que desde el Estado se pretenda someter a la radio y la televisión a controles y sanciones burocráticas que rompan con el flujo y el ritmo de la comunicación“, expuso.
CIRT advirtió que con esta imposición se corre el riesgo de que se cancele una gran parte de los programas de noticias en el país, además de que se afectará la dinámica de trabajo de todos los medios.
Consideró que la sentencia propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara es muestra de su desconocimiento sobre el funcionamiento de la radio y televisión.
“Ignora (González Alcántara) que el principal derecho de las audiencias es estar informadas con oportunidad, veracidad y por medios y comunicadores libres, y nuevamente pone en desventaja a la radio y la televisión mexicanas respecto de otras plataformas de comunicación plenamente desreguladas, muchas de ellas con contenidos respecto de México generados desde el extranjero”, expuso.
Finalmente, la CIRT llamó al Gobierno de México, al Congreso, a la Suprema Corte y al IFT que “este asunto pueda resolverse con pleno respeto a la Constitución, a los tratados internacionales celebrados por nuestro país, y la defensa del desarrollo democrático de México”.
