Empresas como Amazon, Uber Eats, Rappi, DiDi Food o Jüsto pagarán un gravamen del 2% del monto total de ventas, antes de impuestos, por cada entrega de bienes a personas físicas o morales que realicen.
Eso es lo que propone la Secretaría de Administración y Finanzas en la Iniciativa de Código Fiscal 2022 para las “plataformas informáticas” que operan como “intermediarios” en el reparto de “paquetes, alimentos, víveres o cualquier mercancía”, documento que fue presentado el martes al Congreso de la Ciudad de México para ser analizado, dictaminado en comisiones y votado en el pleno.
De acuerdo con la propuesta, los entes sujetos de ese impuesto son “las personas físicas o morales que administren, operen y/o utilicen plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios pueden contratar la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier mercancía, siempre que actúen con carácter de intermediarios, promotores o facilitadores”.
La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, argumentó que “hay nuevos modelos de negocio digital que actualmente han tenido un incremento en la Ciudad de México y deben contribuir a esta entidad por el uso, explotación y aprovechamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades”.
Además, detalló que el impuesto se deberá pagar a más tardar el día 15 de cada mes.
En el texto de la iniciativa se menciona como contexto que la pandemia de covid-19 “ha generado restricciones en la circulación de personas y mercancías en todo el mundo, con el objetivo de frenar la propagación del mencionado virus”.
Restricción que provocó “una aceleración vertiginosa en el crecimiento del comercio electrónico; destaca el sector de la entrega de alimentos, mercancías o víveres”.
Para la secretaría de Administración y Finanzas, esta nueva realidad implica “nuevos retos de gobernabilidad en materia fiscal, regulatoria y de movilidad, a fin de poder estar en condiciones para establecer políticas impositivas que beneficien a los usuarios de dicha economía digital”.
Argumenta que los nuevos modelos de negocio digital que actualmente han tenido un incremento en la ciudad “deben contribuir a esta entidad, misma que proporciona la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, estableciéndose que con la captación de ingresos por concepto de este nuevo aprovechamiento se refuerza una política impositiva tendiente a satisfacer las necesidades colectivas de los habitantes de la ciudad”.
Ahora las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda deberán analizar la iniciativa, debatirla y emitir el dictamen, que será sometido a votación del pleno, junto con el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2022; esto debe suceder a más tardar el 15 de diciembre.
El Gobierno ya ha intentado regular plataformas similares, pero dedicadas al transporte, como Uber, DiDi, Beat o Cabify, pero se ha topado con amparos, como lo ha reconocido el propio secretario de Movilidad, Andrés Lajous.
El presupuesto que la Secretaría de Administración y Finanzas asignó a la Fiscalía General de Justicia local para 2022 es de 7 mil 200 millones de pesos, “5.45% menor, en términos reales, que lo asignado este año”, dijo ayer la fiscal, Ernestina Godoy.
Sin embargo, aseguró a los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública –con quienes tuvo una mesa de trabajo– que se sujetará a esa bolsa.
Con los recursos asignados en este techo presupuestal, durante 2022 vamos a mejorar la atención ciudadana en las 70 coordinaciones territoriales a través del modelo de atención de primer contacto, que pone al centro a las víctimas; seguiremos en la atención respetuosa de derechos humanos y la dignificación y mantenimiento de nuestras instalaciones”, dijo Godoy.
Legisladores de oposición señalaron que el Congreso debe dotar a la Fiscalía de un presupuesto mayor.
El vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño, expuso que la Fiscalía enfrentará grandes problemas para operar en 2022: “Tanto el Tribunal de Justicia como esta Fiscalía ha tenido presiones de gasto terrible y el recurso insuficiente en ambas dependencias”.
