El gobierno del estado de Sonora planea gastar en el próximo año un presupuesto total de 66 millones 940 mil pesos, el cual es el presupuesto que solicitan se apruebe el Congreso del estado dentro del Paquete Fiscal 2022, lo que representa una disminución de cerca 450 millones en comparación al 2021, informó Alfonso Durazo Montaño.

En su conferencia de prensa semanal, el gobernador de Sonora detalló que la propuesta está caracterizada por ser un presupuesto austero, donde no se gastarán recursos en rubros innecesarios. Además, será eficiente porque no se va a gastar lo que no se tiene. Y será estabilizador, porque no se contempla ningún déficit en el gasto, no habrá contratación de deuda, ni se incrementarán impuestos.

Detalló que contemplan recursos propios del estado adicionales en cinco mil 100 millones de pesos, que son dos mil 300 millones de pesos en gasto corriente y dos mil 800 millones de pago a financiamiento y pasivos.

Con este recurso, aclaró que pueden destinar directamente al rubro de gasto social el 63 por ciento del presupuesto total, con lo cual, Alfonso Durazo dijo que cumple su compromiso de contar con el presupuesto social más importante del estado.

Sin embargo, aclaró que en la propuesta si hay una disminución en el tema de gasto de inversión, porque no se están contemplando las obras ya anunciadas por el presidente de la República, que se harán con recursos 100% federales, como la rehabilitación de todos los puentes fronterizos, la modernización del puerto de Guaymas, el programa de infraestructura carretero, que serán obras concesionadas, ni el plan de Justicia para la tribu Serí.

Por su parte el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, aclaró que buscarán incrementar la recaudación con incentivos fiscales, herramientas digitales y programas de regularización, y así pasar el menos del 10 por ciento de ingresos propios que se tienen en estos momentos, sin incrementar impuestos.

La propuesta será discutida dentro de la comisión de hacienda del Congreso del estado, quienes tienen de plazo hasta el 15 de diciembre para aprobarla. En la propuesta se contempla una disfunción de 450 millones del presupuesto del Poder Legislativo.