De acuerdo con la segunda entrega de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Bienestar tuvo como beneficiarias durante 2020 a 986 personas que fallecieron antes de las fechas de pago de los apoyos.
Dos de los principales programas sociales, el Apoyo para el Bienestar de las Niñas y niños, Hijos de Madres Trabajadoras y Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente deben aclarar 103 millones 866 mil 100 pesos, de acuerdo con la ASF.
En el caso del programa para personas con discapacidad, se trata de 96 millones 793 mil 300 pesos y, según las acciones de la Auditoría, se trata de casos en los que los supuestos beneficiarios murieron entre febrero y diciembre de 2019.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,246,400.00 pesos (dos millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por pagos a 324 beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que, de acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), fallecieron entre febrero y diciembre de 2019, antes de las fechas de pago realizadas en el ejercicio 2020”, reza el informe de la Auditoría.
Además de esos 324 beneficiarios, hubo otros 662 que fallecieron entre enero y agosto del ejercicio fiscal 2020, es decir, antes del supuesto pago de los apoyos.
Hay otras cuatro razones por las cuales la ASF presume posible daño al erario: porque los beneficiarios superan la edad estipulada en el programa para recibir el apoyo, hay nombres duplicados y el trámite no corresponde a la fecha de inicio del programa pero aún así se les habría, supuestamente, entregado el programa social.
A los 21 beneficiarios que ya no tienen la edad que determina el programa se les entregaron 176 mil 850 pesos y hubo pagos duplicados a 28 beneficiarios.
En el caso de los más de 7 millones de pesos del programa de apoyo a los hijos e hijas de madres trabajadoras, la auditoría informó que se encontró que en 114 no se presentó la CURP de los niños o incluso la identificación como el acta de nacimiento; sin embargo, a pesar de que se trata del caso de 114 madres, padres o tutores, se trata de mil 293 niños y niñas.
El desempeño de este programa parece haber empeorado durante 2020 pues según la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, el monto que resultó irregular fue de 4.7 millones de pesos.
Ambos programas han sido bastiones de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de su política de programas
