La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que, en 2020, la Secretaría de Bienestar aceptó como beneficiarios de programas sociales a personas que nunca entregaron documentos de identificación, hizo pagos a personas fallecidas y dio apoyos duplicados con cargo a los programas Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente y Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
Por irregularidades detectadas en las auditorías de estos dos programas insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría del Bienestar, a cargo de Javier May, debe aclarar el destino de 104 millones 866 mil 80 pesos.
En el caso de Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, la ASF determinó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 4 millones 819 mil 240 pesos por pagos a 986 beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que fallecieron entre febrero de 2019 y agosto de 2020, antes de los pagos.
Además se otorgaron apoyos por 176 mil 900 pesos a 21 mayores de 67 años, edad máxima establecida para ser beneficiario del programa.
En cuanto al programa Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras se precisó que le falta un sistema informático para la operación, control, seguimiento y supervisión que permita obtener y procesar la información de cada uno de los procesos operativos, así como la falta de información relevante y de calidad.
La falta de control propició que 7 millones de pesos se pagaran a 114 madres, padres o tutores y mil 293 menores de edad niños y niñas sin contar con CURP ni documentos que los identifique, tales como credencial de elector, acta de nacimiento o comprobante de pago.
Se dieron otros 470 mil pesos a 278 niños que rebasaron la edad límite establecida en las Reglas de Operación del programa y 66 mil 800 pesos a 19 beneficiarios después de su fecha de fallecimiento.
