Autoridades de indígenas yaquis denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), al Gobierno mexicano por su presunta complicidad con grupos de la delincuencia organizada en la desaparición de 10 miembros de la comunidad.
Y es que el pasado 19 de julio, mismas autoridades yaquis reportaron la desaparición de 10 habitantes y trabajadores de la región, después de que el Ejército mexicano llevara a cabo operativos en diversas propiedades de la región.
En esa ocasión, los militares decomisaron más de una tonelada de metanfetamina, además de precursores químicos para elaborar droga, situación que generó una respuesta violenta de grupos criminales que se llevaron a varios indígenas yaquis.
El pasado lunes, el portavoz e integrante de la comunidad yaqui de Lomas de Bácum, Guadalupe Flores Maldonado, informó de que las autoridades han presentado el caso ante instancias internacionales contra el gobierno de México.
En las denuncias señalaron que la desaparición de 10 integrantes de la etnia “no pudo haber ocurrido sin la complicidad de las agencias de seguridad e investigación que habían realizado los operativos y que estaban desplegados en la región”.
Asimismo, acusaron que en el pasado el gobierno los ha reprimido y por eso interpusieron las denuncias ante instancias internacionales.
“Siempre que se denuncia de manera local, en el estado o ante el Gobierno no suelen proceder o nunca hay avances. En este caso si los hubieran matado ya los hubiéramos encontrado, pero no, nosotros creemos que los secuestraron y que el Gobierno es cómplice”, señaló.
El portavoz recordó que el proyecto del Gasoducto Sonora es uno de los motivos por el que la etnia yaqui y el Gobierno tienen diferencias, que han sido puestas sobre mesas de negociación en varias ocasiones, y señaló que un tramo de 18 kilómetros del proyecto atravesaría el territorio de la comunidad en Loma de Bácum.Expuso que el 19 de julio, unos días después de la desaparición de los integrantes de la etnia, iniciaron el proceso de denuncia ante las autoridades internacionales.
Además, Flores Maldonado mencionó que en días pasados se reunieron con la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México, Karla Quintana, así como con mandos del Ejército mexicano de la cuarta zona militar, pero hasta el momento no hay avance en las investigaciones.
Estas desapariciones no han sido las únicas en los últimos meses en la comunidad yaqui.
El pasado 27 de mayo, en Vícam, considerada la capital de la Nación Yaqui, ocurrió la desaparición de Tomás Rojo Valencia, vocero y líder del movimiento Ciudadano en Defensa del Agua, quien fue hallado asesinado días después.
En 2010, Rojo Valencia encabezó la llamada guerra por el agua en el estado de Sonora, que se desató cuando el Gobierno del estado anunció la construcción del Acueducto Independencia para llevar agua desde la cuenca del Río Yaqui hacia la capital, Hermosillo, de donde actualmente se abastece a más de 300.000 personas y que inició operaciones en 2013.
Y actualmente, según han recordado las autoridades, Rojo Valencia impulsaba, ante el Gobierno mexicano, la instalación de una caseta de cobro en el tramo de la autopista Internacional que atraviesa su territorio, para poner orden en el proceso de cobro, una medida de protesta que llevaba a cabo los indígenas desde hace años, con la finalidad de que el beneficio fuera realmente para la comunidad yaqui.
Actualmente la administración de López Obrador y los ocho gobernadores de la tribu están negociando el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis que busca dignificar la vida en las comunidades indígenas con acciones de salud, educación y ordenamiento territorial, a cambio de que se permita la operación de infraestructura pública y privada su territorio.
