La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compra armas a los fabricantes que el gobierno de México demandó ante una corte de Estados Unidos la semana pasada por propiciar el tráfico de armamento.
Apenas en 2020, el ejército mexicano compró para uso propio armas largas a la empresa Barrett Firearms Manufacturing, INC., de acuerdo con documentos públicos de la Sedena.
El costo por cada arma fue de 15 mil 532 dólares, es decir alrededor de 310 mil pesos. No obstante, en los documentos de la Sedena no se especifica el modelo ni la cantidad de armas adquiridas.
También en 2017 y 2014, la Sedena adquirió armas largas a la empresa con sede en Tennessee, Estados Unidos.
Actualmente, esta armería y Colt’s Manufacturing LLC, también incluida en la demanda, participan en una licitación pública internacional del ejército mexicano para la compra de 9 escopetas semiautomáticas, 15 fusiles de precisión, 33 fusiles automáticos, 3 ametralladoras para apoyo terrestre, 3 ametralladoras para apoyo aéreo, así como 3 ametralladoras con cañón múltiple, con municiones y accesorios.
En la demanda, las autoridades mexicanas aseguran que la “conducta ilegal” de las empresas dio como resultado de que las armas que produjeron fueran traficadas a México y utilizadas en actividades delictivas, causando el daño por el que se queja el gobierno.
Aseguran que ocho empresas productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos diseñan, venden y distribuyen sus armas conscientemente de que equipan a los cárteles de la droga y a los grupos delictivos en México.
Además de comprar para su propio uso, la Sedena ha fungido como intermediario para la comercialización de las armas en México entre entidades federativas, particulares, empresas privadas de seguridad, etc. y seis de las ocho empresas demandadas.
De acuerdo con información pública del ejército, entre 2006 y 2017, comercializó 476 mil armas entre ellas de las marcas Beretta, Colt, Glock, Smith & Wesson, Ruger y Barrett.
La Sedena reportó que en esos 12 años la comercialización de armas en las que fue intermediario alcanzó los 961 millones de pesos.
La demanda contra las armerías, interpuesta ante la corte federal del distrito de Massachusetts, señala que México tiene fuertes leyes que hacen prácticamente imposible que los criminales obtengan sus armas de manera legal en territorio mexicano.
Destaca que México tiene sólo una tienda a nivel nacional que vende menos de 50 armas al año.
