Lo que muchos yaquis consideraron como “una sospechosa reunión”, supuestamente para autorizar la operación del Acueducto Independencia, fue también objeto de críticas por el Movimiento Ciudadano por el Agua en Cajeme.
Líderes de la tribu como Mario Luna Romero advirtieron ayer en sus redes sociales sobre este encuentro de autoridades tradicionales en Vícam Pueblo con funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Gobernación y Conagua, Profepa y Semarnat, principalmente.
Enfatizó que temen un acuerdo con los gobiernos para autorizar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que supuestamente prueba que la operación del acueducto de ninguna manera daña el ecosistema y a las comunidades indígenas.
Pero según el coordinador de Derechos Indígenas del INPI, Hugo Aguilar Ortiz, de ninguna manera se trató la reunión de imponer la firma de la MIA sino que se analizaron solamente los temas referentes al Plan de Justicia Yaqui, a través de una consulta hacia las autoridades tradicionales.
Los yaquis fueron citados a las 12:00 horas, pero al ver la presencia de los medios de comunicación, las autoridades tradicionales y los funcionarios decidieron prolongar el inicio bajo el argumento de que estaban a la espera de un gobernador.
Aguilar Ortiz dijo a los representantes de los medios que se habrá de emitir un comunicado sobre los temas tratados, a fin de tener bien informada a la población.
NO CREEN
Pero para el Movimiento Ciudadano por el Agua los servidores públicos pretenden conseguir la firma de las autoridades tradicionales y su aceptación de que la operación del Acueducto Independencia, obra que le sustrae importantes volúmenes de agua a la Cuenca del Río Yaqui para trasvasarlos a Hermosillo, no afecta a la tribu ni a las actividades productivas del Valle del Yaqui.
“Aunque el descaro del INPI es mayúsculo, no hay sorpresa en la pretensión. Desde que los directivos del organismo, Adelfo Regino y Hugo Aguilar, recibieron la encomienda presidencial de instrumentar el llamado Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, hace más de un año, se dieron a la tarea de usar la bolsa de recursos del paquete asistencialista que contempla el plan ordenado por el presidente, como un franco mecanismo de chantaje a cambio de que las autoridades tradicionales admitan que no hay afectaciones a la tribu si las aguas del Río Yaqui se desvían por medio del Acueducto Independencia hacia otro destino y otros usos”, expresaron.
A unas semanas de que López Obrador se presente ante los yaquis para pedirles perdón por los abusos cometidos durante la colonia y el porfiriato, dijeron, sería una contradicción insalvable que la mirada del presidente alcanzara las injusticias del pasado y no corrija las del presente.
Se desconoce si el presidente de la República esté enterado de todas estas tropelías y abusos, expusieron, pero lo que sí se sabe es que debería de estar enterado, porque se afecta a la tribu y al sur de Sonora.
“Es encomiable que el presidente quiera emular el espíritu de justicia de Lázaro Cárdenas, pero si lo obligan a terminar de consentir el Acueducto Independencia, le regalará una gran ironía a la historia. Sería el responsable de que el decreto de Cárdenas, que define uso y destino de las aguas del Río Yaqui, pase a ser letra muerta”, concluyeron.
