La cantidad de niños que viajaban solos y que fueron recogidos en la frontera mexicana por las autoridades de inmigración de Estados Unidos alcanzó con probabilidad un máximo histórico en julio.
El número de personas que vinieron en familia también alcanzó con probabilidad su segundo total más alto en el registro, según afirmó un funcionario estadounidense el lunes, citando cifras preliminares del Gobierno.
Los fuertes aumentos de junio fueron sorprendentes porque los cruces suelen ser más lentos en las épocas de calor sofocante durante el verano.
Las autoridades estadounidenses probablemente detuvieron a más de 19,000 niños no acompañados en julio, superando el máximo anterior de 18,877 en marzo, según David Shahoulian, subsecretario de política fronteriza e inmigratoria del Departamento de Seguridad Nacional. El total de junio fue de 15,253.
Se espera que el número de personas encontradas en grupos de familias durante julio sea de unas 80,000, según Shahoulian. Esa cifra está por debajo del máximo histórico de 88,857 de mayo de 2019, pero por encima de los 55,805 de junio.
Las autoridades estadounidenses hicieron unas 210,000 detenciones en la frontera en julio frente a las 188,829 de junio, la más alta en más de 20 años. Pero los números no son directamente comparables porque muchos cruzan repetidamente, una prohibición relacionada con la pandemia de COVID-19 que expulsa a las personas del país de inmediato sin darles la oportunidad de buscar asilo, pero no tiene consecuencias legales.
La actividad se concentró abrumadoramente en los sectores del Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Más de siete de cada 10 personas vinieron en familias.
En el sector del Valle del Río Grande, el “epicentro del aumento actual”, los agentes realizaron unas 78,000 detenciones en julio, según Shahoulian, frente a 59,380 de junio y 51,149 de mayo.
El Gobierno reveló las cifras en un expediente judicial horas después de que los grupos de defensa de los inmigrantes reanudaran una batalla legal para poner fin a la autoridad de la Administración para expulsar a las familias en la frontera con el argumento de que previene la propagación del coronavirus.
El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) renovaron esos poderes de emergencia, conocidos como Título 42 y nombrados por una ley de salud pública de 1944.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que continuaría haciendo cumplir la prohibición de asilo para adultos solteros y familias a pesar de la creciente presión de los grupos proinmigración de que no está justificado por motivos de salud pública. Los niños no acompañados están exentos.
“El Título 42 no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública, y su uso continuo está dictado y se rige por el análisis de los CDC”, explicó el departamento en un comunicado.
No se espera el recuento final de arrestos fronterizos en julio hasta dentro de varios días, pero las cifras preliminares suelen ser bastante cercanas. Durante los primeros 29 días de julio, las autoridades encontraron un promedio diario de 6,779 personas, incluidos 616 niños no acompañados y 2,583 que vinieron en familias, según Shahoulian.
Se espera que la cantidad de personas detenidas en familias alcance un récord durante el año fiscal 2021 que finaliza el 30 de septiembre, según Shaoulian, y agregó que probablemente será mayor si los tribunales ordenan que se eliminen los poderes relacionados con la pandemia.
El aumento de las cifras ha afectado las instalaciones de detención. La Patrulla Fronteriza tenía albergados a 17,778 personas bajo custodia el domingo, a pesar de una “capacidad ajustada por la pandemia de COVID-19” de 4,706. El sector del Valle del Río Grande contaba con 10,002 migrantes.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) y otros grupos de defensa dijeron el lunes que estaban terminando las conversaciones de acuerdo con la administración de Biden por su demanda de levantar la prohibición relacionada con la pandemia a las familias que buscan asilo.
El impasse reanuda una batalla legal ante el juez federal de distrito Emmet Sullivan en Washington.
“Estamos profundamente decepcionados de que la Administración Biden haya abandonado su promesa de un trato justo y humano para las familias que buscan seguridad, dejándonos sin otra opción que reanudar el litigio”, afirmó Neela Chakravartula, abogada gerente del Centro de Estudios de Género y Refugiados.
Desde fines de marzo, la ACLU ha estado trabajando con activistas para elegir a migrantes particularmente vulnerables atrapados en México para que el Gobierno de Estados Unidos les permita solicitar asilo. El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, dijo que las exenciones continuarán durante una semana más.
“Siete meses de espera para que la Administración Biden ponga fin al Título 42 es más que suficiente”, dijo Gelernt.
El desglose refleja las crecientes tensiones entre los defensores y la Administración sobre el uso de expulsiones y la decisión del Gobierno la semana pasada de reanudar los vuelos de deportación por vía rápida para familias a Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los grupos de activistas por el asilo habían estado trabajando en paralelo con la ACLU para identificar a los migrantes particularmente vulnerables atrapados en México.
Los CDC señalaron el lunes que la prohibición se mantendría hasta que su director “determine que el peligro de una mayor introducción de COVID-19 en Estados Unidos por parte de no ciudadanos haya dejado de existir”.
